Milei cedió una mina a Catamarca tras el apoyo de Jalil en Diputados

El Gobierno Nacional oficializó la cesión total del control del Establecimiento Minero Capillitas a la provincia de Catamarca, consolidando así el dominio provincial sobre el mayor yacimiento de rodocrosita del país. Esta decisión, formalizada a través del Decreto 205/2025, fue publicada en el Boletín Oficial y contó con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro del Interior Guillermo Francos.

El traspaso de la explotación de la mina, situada en el departamento de Andalgalá, se concretó a favor de la empresa estatal provincial Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.), incluyendo en la transferencia los activos, derechos y contratos en curso vinculados a la actividad minera en la región.

La resolución del Ejecutivo Nacional se hizo pública poco después de que el gobernador Raúl Jalil brindara gestos de apoyo clave al oficialismo en el Congreso. En la Cámara de Diputados, cuatro legisladores afines al mandatario provincial—Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega—decidieron ausentarse en la votación sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por Milei, un factor determinante para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En paralelo, en el Senado, el legislador catamarqueño Guillermo Andrada—allegado a Jalil—se incorporó a “Convicción Federal”, una nueva bancada conformada por senadores del peronismo federal que, aunque se apartó de Unión por la Patria, sigue actuando dentro de su interbloque.

El miércoles previo a la oficialización del decreto, Jalil mantuvo una reunión con Caputo y Francos en un encuentro que siguió la dinámica implementada por la Casa Rosada en instancias legislativas de relevancia. Este tipo de citas han sido frecuentes en la estrategia del Gobierno para asegurar respaldo político a sus medidas. En esta ocasión, la convocatoria incluyó también a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), mientras que días antes la Nación había otorgado un adelanto financiero significativo a la provincia de Chaco.

La mina Capillitas, que desde 1943 estaba bajo la administración de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), pasará a estar bajo control exclusivo de Catamarca. La medida se enmarca en la política de reorganización de empresas estatales impulsada por el Ejecutivo y otorga a la provincia el dominio pleno sobre los bienes muebles e inmuebles del yacimiento, además de los contratos vigentes. Se estableció un período máximo de seis meses para la completa asunción de la gestión minera por parte del gobierno catamarqueño.

Este yacimiento es considerado uno de los recursos estratégicos de la región y ha sido un símbolo de la minería provincial por su producción de rodocrosita, mineral altamente valorado en la industria de la joyería y la ornamentación. Desde 2013, la explotación del yacimiento se encontraba bajo un contrato de concesión firmado entre Catamarca y FMSE, con vigencia hasta mayo de 2025. Con la nueva normativa, dicho acuerdo queda sin efecto y la provincia asume la titularidad absoluta de la mina.

El complejo minero abarca un total de 26 concesiones y dos fracciones de terreno que fueron formalmente incorporadas al patrimonio del Estado nacional en 1979. Desde entonces, la extracción de rodocrosita ha sido la principal actividad desarrollada en el sitio.

El decreto presidencial que habilita esta transferencia se fundamenta en las facultades otorgadas por la Ley 27.742 de emergencia pública, que permite al Ejecutivo nacional ceder empresas y activos estatales a las provincias. La normativa establece que la transferencia incluye tanto los derechos como las obligaciones asociadas, así como los contratos vigentes en la explotación minera.

La decisión ha generado especulaciones sobre un posible entendimiento político entre la administración provincial y la gestión de Milei, en un contexto donde el Gobierno busca reducir la estructura estatal y reordenar el funcionamiento de las empresas públicas.

Tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme a lo estipulado por la Ley 26.122, para su evaluación y pronunciamiento sobre su validez o invalidez.