El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario con el argumento de preservar el déficit cero. La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que en su primer artículo indica: «Obsérvase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757». El gobierno justificó el veto señalando que el proyecto aprobado por el Congreso «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente», ya que no consideraba el impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento necesarias para implementar la medida.
El decreto detalla que la ley hubiera incrementado el presupuesto de las universidades nacionales en $251.907.500.000 hasta agosto de 2024. Además, preveía un gasto adicional de $811.569.000.000 destinado a la recomposición salarial del personal universitario. Según el Ejecutivo, esta propuesta generaba inconsistencias con las normativas que regulan la negociación colectiva y la gestión financiera pública, ya que otorgaba un aumento salarial privilegiado al personal universitario, en comparación con los trabajadores de otros sectores del Estado. «La medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período)», argumentó el decreto, subrayando que los aumentos salariales deben ser tratados en el ámbito de la negociación colectiva.
El veto del gobierno se produjo en respuesta a una marcha masiva organizada por la comunidad universitaria, que exigía mayores fondos para las universidades públicas. Sin embargo, el Ejecutivo criticó la iniciativa, calificándola de «irresponsable proyecto de aumento del gasto público». En un comunicado, la Casa Rosada acusó de «populismo demagógico» a quienes impulsaban la ley, por manejar de manera inapropiada los recursos provenientes de los contribuyentes.
En su respuesta a la protesta, el gobierno instó a los legisladores a asumir «la responsabilidad que demanda este momento histórico» y a debatir el financiamiento de las universidades en el marco de la discusión del Presupuesto 2025. Asimismo, reiteró su compromiso con las universidades nacionales y con los argentinos que, desde diciembre, han estado trabajando para lograr el déficit cero, reducir la inflación y restaurar la prosperidad económica.
El comunicado también criticó el respaldo que líderes de la oposición dieron a la marcha, mencionando a figuras como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, a quienes calificó de formar «un nuevo frente de izquierda populista» en defensa de «privilegios de la dirigencia política».
Por otro lado, desde el Ministerio de Educación se anunció que están dispuestos a aumentar las partidas presupuestarias destinadas a la educación en el próximo año, con el objetivo de mejorar los salarios del personal universitario. No obstante, los gremios de las universidades aseguran que el gobierno ha reconocido un retraso del 50% en los salarios respecto a la inflación, pero sin proponer una solución concreta. En este contexto, afirman que la Ley de Financiamiento Universitario es esencial para ajustar los salarios de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).