El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el presidente Javier Milei firmó un decreto para iniciar el proceso de privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. Según Adorni, esta medida implica que el Estado dejará de ser el operador de los servicios ferroviarios de carga, así como de toda la infraestructura asociada, incluyendo material rodante, vías, talleres e inmuebles. Este anuncio se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno para reducir la participación estatal en sectores considerados ineficientes.
La decisión de privatizar Belgrano Cargas fue anunciada inicialmente en octubre pasado, bajo el argumento de que la empresa presenta un “déficit obsceno” y cuenta con una plantilla de empleados excesiva. Según datos proporcionados por la administración de Milei, la empresa registró un balance negativo de 112 millones de dólares durante el año pasado. Además, desde el Ejecutivo nacional se adelantó que habrá despidos como parte del proceso, ya que, según afirmaron, existen empleados que “cobran y no trabajan”, un problema que atribuyen a gestiones anteriores.
Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, detalló en una conferencia en octubre cómo se llevará a cabo el proceso de privatización. Explicó que la empresa opera tres líneas ferroviarias que cubren un total de 7600 kilómetros, y que para cada una de estas líneas se instrumentarán siete procesos de concesión diferenciados. Estos incluyen una concesión por la vía, con derecho a cobro de peaje, que implicará el traspaso de los empleados afectados; dos concesiones de locomotoras para fomentar la competencia, incluyendo a sus respectivos conductores; dos concesiones de vagones; y dos concesiones de talleres, que también incluirán a los empleados asociados.
Belgrano Cargas cuenta actualmente con 4558 empleados, y según información confirmada por TN, los directores de la empresa perciben salarios de 5 millones de pesos, mientras que los gerentes cobran 4,2 millones de pesos en mano. Estas cifras han sido utilizadas por el oficialismo para justificar la necesidad de una reestructuración profunda.
Desde el gobierno también se criticó a Omar Maturano, líder del sindicato La Fraternidad, por presuntas irregularidades en la gestión de Belgrano Cargas. Acusaron al sindicato de permitir el ingreso de personas afines a la empresa y señalaron que, en los trenes de carga, viajan hasta diez conductores en un solo viaje, lo que consideran un exceso.
Por su parte, los gremios ferroviarios han salido al cruce de estas acusaciones, defendiendo la necesidad de contar con múltiples conductores debido a las condiciones actuales de trabajo. Explicaron que, aunque los trenes de carga deberían operar a una velocidad de 60 kilómetros por hora, en la práctica suelen moverse a un promedio de entre 15 y 35 kilómetros por hora. Además, destacaron que los conductores deben ser relevados cada nueve horas, lo que hace necesario contar con tres conductores y tres suplentes para un viaje de Buenos Aires a Salta, que puede durar hasta 20 horas.
Los sindicatos también han enfatizado la necesidad de que se cumpla la declaración de emergencia ferroviaria, denunciando que el Estado no ha destinado los fondos necesarios para abordar esta situación. “Parece que están esperando otro accidente”, afirmaron, señalando que las condiciones de seguridad son mínimas y que las locomotoras están siendo reparadas de manera precaria, “atadas con alambre”. Esta crítica refleja la preocupación de los trabajadores por las condiciones en las que se presta el servicio y la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento.
En resumen, la privatización de Belgrano Cargas representa un paso significativo en la política de reducción del Estado impulsada por el gobierno de Milei. Sin embargo, el proceso no está exento de controversias, ya que genera tensiones con los sindicatos y plantea interrogantes sobre el futuro de los empleados y la calidad del servicio ferroviario de carga en el país.