El intento del Gobierno de Javier Milei de mostrarse cercano a los gobernadores, anunciado este lunes como un gesto de mayor diálogo tras la contundente derrota en la elección legislativa bonaerense frente al peronismo, parece hasta ahora más una intención declarativa o una estrategia mediática para proyectar actividad presidencial que una acción concreta. No se ha registrado, hasta el momento, ningún contacto formal desde la Casa Rosada con los mandatarios provinciales para iniciar conversaciones o fijar reuniones, pese a la declaración sobre la intención de “convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”. Varios gobernadores recuerdan, incluso, la iniciativa del Pacto de Mayo de junio pasado, que quedó sin avances.
El principal grupo al que apunta la administración nacional es el de los gobernadores que conformaron un frente electoral denominado Provincias Unidas, que debutará en los comicios nacionales de octubre. Entre ellos se encuentran Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También se suman peronistas como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), junto con los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).
Entre lunes y martes, varios gobernadores comenzaron a expresar sus reparos ante la iniciativa del Gobierno. Pullaro afirmó que “el Gobierno sigue sin escuchar y está paralizado”, mientras Sáenz advirtió: “es muy difícil que los gobernadores acompañen cuando no hay reciprocidad, me cagaron con las obras”. Sadir, por su parte, señaló: “la economía no está funcionando, hay problemas para llegar a fin de mes, no se atienden a sectores vulnerables como la discapacidad y el Presidente se pelea con todos los sectores”.
Una posible vía de acercamiento del Ejecutivo a las provincias dependía de la ley que obliga a repartir automáticamente y de manera diaria los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo plazo para sanción vence este viernes. No obstante, fuentes oficiales indicaron que Milei vetará la normativa, lo que impediría que se consolide la mesa de diálogo. La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de agosto con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. Si bien el resultado fue contundente, no alcanza los dos tercios necesarios para superar un eventual veto presidencial.
El veto de Milei podría provocar que muchos gobernadores se alineen contra La Libertad Avanza en sus provincias en la elección que se avecina dentro de unos 50 días y, a la vez, frustrar la anunciada mesa federal. Según cálculos provinciales, la implementación de la ley implicaría alrededor de $250 mil millones, que no representan un gasto extra sino fondos que ya corresponden a las provincias pero que actualmente retiene la Nación. La normativa establece que el Tesoro nacional recibiría el 41,2% de lo recaudado por ATN, mientras que el 58,8% restante se distribuiría entre las provincias siguiendo los coeficientes de coparticipación federal. Desde los años ’90, los ATN han sido utilizados de manera discrecional por distintos gobiernos, premiando a gobernadores afines, y la administración de Milei no sería la excepción.
En este contexto, y en sintonía con el clima de confrontación entre Milei y los mandatarios provinciales, el frente Provincias Unidas planea una demostración de fuerza mediante una foto grupal en Río Cuarto el próximo viernes, cuyo alcance dependerá de la escalada del conflicto con el Gobierno. Un funcionario provincial indicó: “Veremos cómo juega el Gobierno y cuánto hay de cierto en mantener una relación en serio con los gobernadores o si se trata de una declaración de guerra”.
En las últimas horas trascendió que Milei podría definir este martes la manera de convocar formalmente a los gobernadores, aunque hasta el momento no se ha producido ningún llamado. La falta de interlocución y la desconfianza entre las partes parecen marcar el rumbo de esta incipiente y tensa relación federal.