El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se pronunció públicamente sobre la crisis institucional que atraviesa el Gobierno a raíz de la aparición de audios que exponen un supuesto entramado de corrupción vinculado a la compra de medicamentos. Este caso, que apunta contra figuras centrales de la administración de Javier Milei —incluyendo al propio presidente, su hermana Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo—, derivó en la inmediata salida de este último como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Consultado sobre el tema, Francos adoptó un tono prudente y sostuvo: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”. Al mismo tiempo, aclaró que la decisión de apartar a Spagnuolo fue tomada personalmente por el Presidente tras conocerse públicamente el contenido de los audios y en paralelo a la apertura de una investigación judicial que ya está en marcha.
En ese sentido, explicó: “Hay un juez a cargo que debe avanzar en el esclarecimiento del caso. Será él quien cite a Spagnuolo para que ratifique o desmienta los dichos que aparecen en esas grabaciones, cuyo origen desconozco. No me corresponde dar veracidad o descartarla; eso es tarea de la Justicia”.
El material difundido por el programa Argenzuela (C5N) compromete directamente a Eduardo “Lule” Menem, actual secretario general de la Presidencia, y a Spagnuolo, quien hasta hace horas encabezaba el ANDIS. Las acusaciones incluyen delitos de cohecho, desvío de fondos públicos, administración fraudulenta y asociación ilícita, todos vinculados a un esquema de retornos ilegales en operaciones con laboratorios.
Francos expresó confianza en la inocencia de Karina Milei y del propio Menem, aunque subrayó que la Justicia es la que debe dirimir responsabilidades: “Estos hechos deben investigarse. Creo en la inocencia de Karina y de Lule, pero serán los tribunales quienes definan si existió o no un delito”, señaló.
La denuncia judicial y el rol de la droguería
De acuerdo con la denuncia presentada ante los tribunales, los audios mencionan de manera explícita a Javier y Karina Milei como presuntos beneficiarios de retornos de dinero ilícito, mientras que Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo habrían actuado como intermediarios. La maniobra, según se describe, habría sido articulada por la droguería Suizo Argentina, empresa señalada como el canal para recaudar los sobornos y distribuirlos entre los distintos operadores políticos.
El mecanismo consistía en un retorno equivalente al 3% de las operaciones, lo que, según los denunciantes, representaría aproximadamente 800.000 dólares mensuales.
La gravedad de la acusación se profundiza por la participación del ANDIS, organismo central en la política de discapacidad, encargado de garantizar tratamientos, insumos y apoyos básicos para personas con dependencia del Estado. En la presentación judicial se enfatiza que “cada peso que se desvía hacia el pago de coimas significa la pérdida de una prótesis, una silla de ruedas, un medicamento o una terapia indispensable para miles de familias”.
Además, se subraya que este presunto esquema fraudulento pone en evidencia cómo la salud pública habría sido convertida en moneda de cambio político y económico, al condicionarse la compra de medicamentos no por criterios médicos o de necesidad social, sino por el pago de retornos ilegales.
El documento concluye que se trataría de una red de corrupción de enorme magnitud, en la que se verían involucrados integrantes de la familia presidencial, altos cargos de la actual gestión y una de las droguerías con mayor peso en el mercado argentino.