Hace aproximadamente una semana, el celular de Alberto Fernández fue confiscado y ahora está bajo el control de la justicia federal. La siguiente fase, ordenada por el juez Julián Ercolini, consistirá en un análisis forense del dispositivo. Inicialmente, esta revisión se enfocará en la investigación relacionada con denuncias de violencia de género, con el objetivo de verificar si Fernández incumplió con las medidas restrictivas que se le habían impuesto. Sin embargo, el fiscal Carlos Rívolo ha solicitado que, si se encuentra alguna información relevante para la causa de los Seguros, en la que Fernández también está imputado por presunta corrupción, esta sea incluida en esa investigación.
El teléfono de Fernández fue incautado tras las acusaciones de la ex primera dama, quien afirmó que el expresidente la había seguido acosando a través de mensajes los días 6 y 7 de agosto, a pesar de tener prohibido contactarla de cualquier forma. Por ello, el juez Ercolini ordenó que se confiscara el dispositivo.
En la causa por violencia de género, el fiscal Ramiro González imputó a Fernández por lesiones leves y graves, doblemente agravadas por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas. Para esta investigación, González se centrará en la información del celular que pueda confirmar si se violaron las medidas cautelares impuestas en el proceso penal.
Por su parte, el fiscal Carlos Rívolo, quien está a cargo de la investigación por presunta corrupción relacionada con 45 contratos de seguros firmados por organismos del Estado con Nación Seguros, pidió que cualquier dato relevante encontrado en el celular de Fernández, así como en el iPad y pendrive también incautados, sea incluido en su investigación. Según Rívolo, cuando se realiza una extracción de datos de dispositivos como estos, se accede a toda la información almacenada, por lo que es posible que se encuentre evidencia útil para el caso de los Seguros.
El principal imputado en esta causa es el propio Alberto Fernández. El juez Ercolini y el fiscal Rívolo están investigando posibles irregularidades vinculadas al Decreto 823/2021, que obligaba a los organismos estatales a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros, lo cual habría permitido la participación de intermediarios en esos contratos. Durante la presidencia de Fernández, se pagaron más de 3,4 millones de pesos en comisiones a estos intermediarios, equivalentes a unos 17 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Además de Fernández, otros imputados incluyen a Pablo Torres García (de ANSES) y Héctor Martínez Sosa, esposo de la exsecretaria de Fernández, María Cantero. Ambos habrían sido beneficiarios o intermediarios en estas contrataciones, recibiendo importantes sumas de dinero gracias a estos negocios respaldados por el mencionado decreto.
El celular de Fernández no es el único dispositivo bajo escrutinio en este caso. El primero en ser analizado fue el de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández. En él se encontraron 1.899 mensajes intercambiados con su esposo, Martínez Sosa, que según la justicia confirman la existencia de una estructura desde el Estado para favorecer a personas con vínculos estrechos con el expresidente. Esta investigación podría ampliarse para incluir delitos adicionales como asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.
En total, se han incautado treinta dispositivos electrónicos en relación con esta causa, y todos ellos están bajo orden de ser analizados. Ahora, el celular de Fernández podría ser una pieza clave en la investigación.
La justicia también cuenta con un informe de Nación Seguros que revela diferencias significativas en las comisiones pagadas a un grupo de intermediarios. Entre las 25 empresas relacionadas, cinco se destacan como las más beneficiadas, recibiendo el 80,56% de las comisiones totales pagadas por el Estado durante los cuatro años de la presidencia de Fernández. La empresa Bachellier SA, vinculada al broker amigo de Fernández, encabeza la lista, seguida por Héctor Martínez Sosa y otras tres compañías.