La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene previsto presentar este jueves un protocolo destinado al mantenimiento del orden público frente a los bloqueos de vías de circulación, en consonancia con el lema «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada». Esto surge en anticipación a las protestas sociales anunciadas para la próxima semana.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, comunicó en un anuncio realizado en la Casa de Gobierno que, siguiendo la instrucción del presidente Javier Milei y respetando el principio de «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», Patricia Bullrich ofrecerá una conferencia de prensa a las 16.45 en la sede de la cartera, situada en Gelly Obes 2289 en el barrio de Recoleta, para brindar detalles del protocolo.
Según lo adelantado por Adorni, dicho protocolo contemplará «sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia».
Este anuncio surge después de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda, agrupadas en la Unidad Piquetera (UP), confirmara que llevarán a cabo un «paro activo» en la Plaza de Mayo el próximo miércoles como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Caputo.
La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social que resultó en 38 muertes y la renuncia del exmandatario radical.
Cabe recordar que durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, también en el cargo de ministra de Seguridad, lanzó en febrero de 2016 un «protocolo antipiquetes» con el objetivo de evitar cortes de tránsito en la vía pública. Este protocolo generó controversia, siendo criticado por dirigentes y organizaciones que lo consideraron como una medida que criminalizaba la protesta. El CELS señaló en ese momento que limitaba de manera inconstitucional el derecho a la protesta y ampliaba las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social, colocando el «orden público por encima de todo».