Pidieron una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner | 12 años para Báez,10 para de Vido y José López

Por primera vez desde que ejerce cargos públicos, Cristina Kirchner escuchó un pedido de condena en su contra en un caso por corrupción. El planteo fue formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el marco del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Después de nueve audiencias de alegatos, concluyeron que la vicepresidenta fue la jefa de la asociación ilícita, es decir, de aquella “organización criminal” que se dedicó “a la sustracción de fondos públicos” para beneficiar a quien era su socio comercial. Por eso, pidió para ella una pena de 12 años de prisión y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.También, el decomiso de los bienes y las ganancias producidas por ese dinero defraudado al Estado.

Los fiscales también pidieron una condena de 12 años de prisión para Lázaro Báez, de 10 años para Julio de Vido, para José López y para el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe; 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro. Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.

En el cierre del alegato, Luciani pidió que se decomise el mismo importe que según la fiscalía fue sustraído ilegalmente a las arcas estatales: 5.231 millones pesos, equivalentes a casi mil millones de dólares. El fiscal advirtió que sea suma, actualizada, deberá repartirse entre todos los acusados según su grado de responsabilidad, hasta alcanzarla.​

El alegato de Luciani y Mola ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, concluyó este lunes después de analizar la estructura que funcionó durante doce años y que posibilitó que Lázaro Báez, sin ser empresario de la construcción, terminara siendo el adjudicatario de 51 obras viales en suelo santacruceño. La fiscalía dio por corroborada la existencia de una “estructura estatal defraudatoria, licitaciones amañadas, sustracción de sumas millonarias del Estado, un circuito ilegal de enriquecimiento del empresario y finalmente, una etapa de reciclaje a favor del matrimonio Kirchner”.

En este juicio que comenzó en mayo de 2019 y condujo a Cristina Kirchner a estar sentada por primera vez en el banquillo de los acusados, se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por un total de 46.000 millones de pesos. Hay dos números que desentrañó la fiscalía al respecto: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró dieciocho acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.

Toda la maniobra, para la fiscalía, constituyó “la matriz de corrupción más extraordinaria que existió”, y los responsables de “instalar la misma fueron Néstor y Cristina Kirchner”. Fueron las palabras de Diego Luciani cuando inició su alegato el 2 de agosto.

Desde ese día y audiencia tras audiencia, el Ministerio Público Fiscal buscó corroborar la acusación central: la conformación de una asociación ilícita que fue encabezada por los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

La imputación sostiene que desde el gobierno kirchnerista y desde diversos «organismos estatales vinculados a la obra pública, se «montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz».

La fiscalía durante sus alegatos expuso cómo se configuró un esquema «de beneficios exclusivos» para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el «empresario de obra pública vial más beneficiado» por las «gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner». A los ex presidentes se los apunta como los responsables de «diseñar la maniobra» y de «erigir a su amigo personal» como contratista del Estado.

Este lunes, al concluir sus alegatos, el fiscal Diego Luciani fue categórico al señalar: “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad, se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, en la cual los imputados -en una estricta división de roles- sustrajeron fondos del erario, adoptando todas las medidas para efectuarlas en total impunidad”.

Al continuar analizando la estructura que perduró durante doce años, el fiscal añadió: “La corrupción fue la regla y el Estado de derecho quedó rezagado, y este desequilibrio debe corregirse con un fallo judicial”. En este sentido se refirió a todo lo ponderado para avanzar en el pedido de condena, y detalló “los mecanismos de manipulación de las licitaciones públicas, y todo tipo de mecanismos para garantizar el flujo de fondos y evitar todo tipo de controles”.

Luciani consideró una conducta reprochable que “el orden público haya sido trastocado por una asociación ilícita conformada por las más altas autoridades del país, dirigida por Cristina Kirchner como jefa y sus principales ministros como organizadores”.

Después de analizar todas las medidas de pruebas los fiscales señalaron que el perjuicio al Estado fue cuantificado en 1.000 millones de dólares. En función de esto, se añadió: “hubo una administración infiel, se dilapidaron fondos de la ciudadanía, tributados con la confianza de que serían destinados a fines nobles, lícitos”.

En esta maniobra defraudatoria actuaron doce ex funcionarios además de Lázaro Báez, por eso el fiscal Luciani entendió que junto con la condena correspondía requerir que todos ellos sean inhabilitados de forma perpetua para ocupar cargos públicos.

A la hora de evaluar los hechos que agravan la acusación contra Cristina Kirchner, la fiscalía analizó “los delitos cometidos y que su aporte fue dirimente y principal para la realización de los delitos por los que se la acusa. Su poder en relación a los otros imputados, la naturaleza de la conducta y los medios utilizados, el daño ocasionado y los motivos, y se evalúa el lucro personal buscado”.

Luciani interpeló a la vicepresidenta y dijo que su comportamiento “merece una reflexión sobre el corrimiento de cualquier tipo de escrúpulos para alcanzar el beneficio personal, el lucro de toda la maniobra”. Pero también se valoró de manera negativa “el desprecio demostrado hacia la ciudadanía por usar fondos públicos para fines personales, a los ciudadanos de Santa Cruz en lo particular -que no vieron concluidas esas rutas-, a los empleados de Austral Construcciones despedidos en pos de ocultar la maniobra”.

Para los fiscales, la condición de presidenta de la Nación cuando ocurrieron los hechos es uno de los mayores agravantes, ya que “incumplió todo aquello por lo que juró al asumir y defraudó la confianza de la ciudadanía” y acusó a Cristina Kirchner de usar su cargo “para alcanzar el lucro final. Priorizó el interés personal sobre el interés público”.

Al momento de analizar los posibles atenuantes para cada uno de los acusados, el fiscal fue taxativo: “no encuentro ninguno ante los crímenes cometidos”.