Puntos clave del informe de la UIF: movimientos financieros irregulares y la reacción de Jaldo

Luego de que se hicieran públicos los informes elaborados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió al cruce de las acusaciones. El mandatario provincial enfatizó que dichos documentos forman parte de indagaciones iniciales y que no constituyen una prueba concluyente de que se haya producido un desfalco en la municipalidad de Banda del Río Salí.

«Los conceptos incluidos en este informe son de carácter hipotético. No hay imputaciones dirigidas a ninguna persona en particular, ni se establecen delitos concretos, como tampoco se presentan evidencias adicionales que sostengan alguna acusación», explicó Jaldo. Asimismo, destacó que el texto no menciona de manera explícita el término «desfalco» y que cualquier interpretación en ese sentido carece de fundamento sólido.

Aspectos principales del informe de la UIF

1. Análisis del manejo de fondos municipales
   En el marco del informe de gestión correspondiente al año 2024, la UIF adelantó que había comenzado a examinar el uso de recursos públicos en distintos municipios del país. Entre los aspectos señalados, el organismo detectó importantes extracciones de dinero en efectivo que no contaban con justificación económica suficiente. Además, identificó depósitos de sumas considerables en cuentas bancarias pertenecientes a empleados estatales provinciales sin una explicación clara sobre el origen de los fondos.

El documento en cuestión detalla que se realizaron retiros de efectivo desde cuentas municipales sin que existiera documentación de respaldo que permitiera avalar las transacciones. Según la Subdirección Estratégica del organismo, este tipo de movimientos fueron catalogados como relevantes dentro de la investigación.

2. Identificación de maniobras financieras sospechosas
   Las posibles irregularidades en la administración de fondos municipales quedaron al descubierto gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por entidades bancarias y financieras. Según los datos recabados, la UIF estima que, en los últimos dos años y medio, el posible desvío de dinero alcanzaría los $45.000 millones.

Uno de los casos más alarmantes se habría registrado en Banda del Río Salí. El informe preliminar del organismo de control detalla que, entre enero de 2023 y junio de 2024, se retiraron más de $17.000 millones de las cuentas municipales mediante una modalidad conocida como “cheque por ventanilla”. Estas transacciones no contaban con una justificación documental que permitiera esclarecer el destino de los fondos.

3. Patrón de operaciones sospechosas en distintas jurisdicciones
   El esquema detectado no se habría limitado a un solo municipio, sino que, según la UIF, se habrían identificado maniobras similares en varias localidades de Tucumán, Salta y Catamarca. Estas provincias aparecen al tope de la lista de registros de operaciones sospechosas (ROS) analizados por el organismo.

Ante la magnitud de las anomalías detectadas, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) elevó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral. Como parte del proceso, la información obtenida fue segmentada por distritos y las pesquisas fueron descentralizadas, de modo que cada jurisdicción implicada pueda avanzar en la investigación correspondiente. Según el curso de las averiguaciones, se determinará si existen elementos suficientes para citar a declarar a funcionarios que pudieran estar involucrados en estas operaciones.

4. Respuesta del gobierno provincial
   Desde la administración de Osvaldo Jaldo se descartó de plano la existencia de un desfalco en Banda del Río Salí. Además, el gobernador defendió tanto al intendente Gonzalo Monteros como a su padre, Darío Monteros, quien ocupó la jefatura municipal durante el período investigado y actualmente se desempeña como ministro del Interior. En ese sentido, Jaldo aclaró que no tiene intención de pedir la renuncia del funcionario.

Por su parte, Darío Monteros manifestó que el Ejecutivo provincial está dispuesto a colaborar con la Justicia en caso de que sea necesario. “Si se nos requiere, presentaremos toda la documentación pertinente. Sin embargo, tal como lo ha expresado el gobernador, este informe aún no ha adquirido carácter judicial, ya que no hemos recibido ninguna notificación oficial al respecto”, concluyó el ministro del Interior./Fuente:La Gaceta