El oficialismo se vio incapaz de sostener su propuesta inicial de suspender a Edgardo Kueider, senador por Entre Ríos, tras su detención en Paraguay. Esta opción, que buscaba imponer una sanción intermedia al legislador, tenía la intención de evitar que el kirchnerismo aumentara su influencia en la Cámara Alta, dado que el reemplazo de Kueider sería Stefanía Cora, de La Cámpora. Al percatarse de que no lograrían respaldo para su plan en el Congreso, la Casa Rosada dio la orden de votar a favor de la expulsión de Kueider, quien había sido un aliado clave del Gobierno, especialmente para la aprobación de la Ley Bases.
El senador Edgardo Kueider. Foto Federico Lopez Claro.
Para evitar admitir su fracaso, en el Gobierno se intentaron justificar con las palabras del presidente Javier Milei, quien había expresado en un evento ultra-oficialista que si un político era corrupto, debía ser echado «a patadas», sin excepción, señalando que la «basura» debía eliminarse de la política en general. Sin embargo, los comentarios del mandatario no ayudaron a resolver la situación que había sido previamente consensuada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En la presidencia del Senado se justificaron diciendo que, si no hubieran considerado que Kueider merecía una sanción, no se habría convocado a la sesión. Además, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien tiene otra causa contra Kueider, presionó para que perdiera sus fueros, lo que contribuyó a la decisión final. Aunque Villarruel intentó sin éxito que el Senado sancionara a Oscar Parrilli, quien está procesado por el memorándum con Irán, su propuesta no prosperó. A su vez, la presión de los bloques aliados al Gobierno, que querían cobrarse cuentas con Milei, también jugó un papel importante, ya que el presidente de la Nación evitó tratar el Presupuesto y postergó sesiones extraordinarias.
A pesar de los esfuerzos por encontrar una solución a través de la vicepresidencia y las autoridades del Senado, la estrategia consensuada fracasó, y desde el círculo presidencial se responsabilizó a Villarruel por haber permitido una sesión que, en todo caso, resultaba inevitable. El ministro de Defensa, Luis Petri, también criticó a Villarruel, señalando que a veces actuaba de manera contradictoria y debía decidir de qué lado jugar.
Siguiendo la línea de Milei, el Gobierno filtró una lista de senadores con causas abiertas, sugiriendo que deberían ser expulsados, como Kueider y Parrilli, quienes, en su opinión, debían ser apartados de la Cámara Alta. Entre los nombres de los senadores con denuncias figuraban otros como Guillermo Andrada, Claudio Bensusán y Lucía Corpacci, la mayoría de ellos involucrados en acusaciones de abuso de autoridad.
Mientras tanto, el bloque de LLA en la legislatura porteña, alineado con Karina Milei, votó a favor del proyecto de ficha limpia promovido por el oficialismo de la Ciudad, lo que representó un giro estratégico por parte de los libertarios. Esta decisión contrastaba con su postura en el Congreso, donde, al vaciar el quórum en una sesión impulsada por el PRO, contribuyeron a que el Gobierno enfrentara acusaciones de un posible pacto entre el kirchnerismo y el Ejecutivo. Sin embargo, a pesar de la maniobra libertaria en la Ciudad, el peronismo y la izquierda bloquearon el proyecto, lo que evidenció las tensiones internas en la coalición oficialista.