Reabren dos causas contra Cristina Kirchner y dejan sin efecto su sobreseimiento

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa del memorándum con Irán, que la tiene a ella junto a varios exfuncionarios acusados, y ordenó realizar el juicio oral. La decisión se tomó al mismo tiempo en que se ordenó abrir también el caso Hotesur-Los Sauces, en un fallo firmado por los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

El tribunal de mayor jerarquía en cuestiones penales en el país ha anulado los sobreseimientos previamente emitidos por los tribunales orales correspondientes, y estas resoluciones pueden ser impugnadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la causa Memorándum de Entendimiento con Irán, la exmandataria y otros exfuncionarios enfrentaron acusaciones presentadas por el fiscal Alberto Nisman, quien lamentablemente falleció el 18 de enero de 2015. Las acusaciones estaban relacionadas con el presunto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 8 concluyó que no se había cometido ningún delito y, en consecuencia, no se justificaba un juicio.

Después de que el proceso se suspendiera debido a la falta de méritos, las partes querellantes que representan a la AMIA y a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) apelaron la decisión y solicitaron que se lleve a cabo el enjuiciamiento. Esto se produjo después de que el fiscal Javier De Luca retirara su apoyo a la posibilidad de juicio en noviembre de 2021.

La Cámara Federal de Casación Penal ha revocado la decisión del Tribunal Oral Federal 8 y ha ordenado la realización de un nuevo juicio oral y público. Además, ha dispuesto la remoción de los jueces Daniel Obligado y José Antonio Michilini del Tribunal Oral Federal y de la jueza Gabriela López Iníguez del caso.

Causa Hotesur-Los Sauces

La Cámara Federal de Casación Penal revocó hoy el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y ordenó que se haga el juicio oral y público junto al resto de la treintena de imputados, entre ellos su hijo Máximo Kirchner, por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia. La decisión no incluye a Florencia Kirchner. “Al momento de ingresar Florencia Kirchner a la sociedad comercial, ésta ya estaba operativa, con su progenitora Cristina Fernández de Kirchner y su hermano mayor Máximo Kirchner, desde hacía ocho años”, se sostuvo.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la determinación la tomaron los jueces de la Sala I de la Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Fue luego de que la jueza Ana María Figueroa cumpliera los 75 años y quedara afuera del tribunal por su edad.

El caso volverá ahora al Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que en noviembre de 2021 sobreseyó por mayoría a los acusados. Sin embargo, eso no implica que el juicio comience en el corto o mediano plazo ya que las defensas pueden apelar el fallo de Casación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En las dos causas se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La causa volverá al TOF 5 que hoy tiene otra integración. El juez Grünberg ya no integra el tribunal porque cuando resolvió el caso era subrogante. Y todo indica que Obligado no podrá intervenir en el caso. Es que cuando votó por los sobreseimientos opinó sobre el fondo del caso, lo que lo inhabilita para hacer el juicio. Así, la única titular que queda es Palliotti.

Cristina Kirchner ya tiene una condena. La recibió en diciembre pasado cuando el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso de la obra pública que de manera irregular recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los 12 años de gobierno kirchnerista.