Durante la actual gestión de Javier Milei al frente del gobierno nacional, el Estado argentino experimentó una notable reducción en su planta de empleados públicos, con un total de 54.176 puestos laborales suprimidos hasta el mes de junio, lo que representa una disminución del 15,9% respecto a la dotación inicial. Esta información fue detallada en un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el cual se basó en registros oficiales actualizados a mitad de año.
El proceso de recorte alcanzó a todas las estructuras estatales, aunque el impacto fue desigual según el tipo de organismo. En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado encabezaron el listado de cesantías, mientras que proporcionalmente el mayor ajuste se concentró en la administración central, lo que el CEPA señala como un desmantelamiento de áreas fundamentales del Poder Ejecutivo Nacional.
Al desglosar los datos por organismos, el caso más significativo por cantidad de desvinculaciones fue el del Correo Argentino, que redujo su personal en 4.916 empleados. Le siguieron la Operadora Ferroviaria S.E. (Trenes Argentinos) con 2.801 despidos, el Banco de la Nación Argentina con 1.831 ceses, y Aerolíneas Argentinas, que desvinculó a 1.768 trabajadores.
Sin embargo, si se observa el ajuste en términos porcentuales, la situación más crítica se dio en la ex agencia Télam, donde el recorte alcanzó al 80% de la planta total. También se registraron fuertes reducciones en ENARSA Patagonia (66,7%), Educar S.A. (52,5%) y Contenidos Públicos S.E. (42,7%).
El impacto del achicamiento estatal también fue evidente en el conjunto de organismos que conforman la Administración Pública Nacional (APN), es decir, aquellos entes descentralizados y desconcentrados. En este sector, el mayor número de despidos fue detectado en la Agencia de Recaudación de la Seguridad Social (ARCA), con 3.052 ceses. A continuación aparecen la ANSES, con 1.457 trabajadores desafectados, y el CONICET, que perdió a 1.091 empleados.
Cuando se analiza el recorte en relación al tamaño de cada planta, sobresalen organismos como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 63% de su dotación. También sufrieron recortes significativos la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con un 45% de reducción, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que achicó su planta en un 41%.
Más allá de los despidos, el informe del CEPA alertó sobre un deterioro considerable del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. De acuerdo con los datos más recientes del INDEC, los salarios del sector público nacional sufrieron una caída real del 14% interanual. No obstante, si se toma en cuenta el período completo desde noviembre de 2023, el retroceso en el poder de compra es aún más drástico: la pérdida acumulada alcanza un 31,5%.
En conjunto, estos datos evidencian una reestructuración profunda del empleo público, con despidos masivos y deterioro salarial, lo que configura una transformación estructural de las capacidades del Estado bajo la administración de Javier Milei.