En el marco de una causa judicial que ha ganado notable atención pública, el fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, sostuvo un dictamen que podría tener un impacto significativo tanto en el caso iniciado por Ian Moche contra el presidente Javier Milei como en la investigación paralela sobre la criptomoneda $Libra. Según el fiscal, la cuenta oficial que Milei mantiene en la red social X (antes Twitter) no debe considerarse como meramente personal, sino que debe entenderse como una herramienta que utiliza en calidad de Jefe de Estado, por lo cual sus publicaciones en dicha plataforma revisten carácter institucional.
El origen de este pronunciamiento se remonta a la presentación legal impulsada por Ian Moche, un joven con autismo, quien fue descalificado públicamente por el propio Presidente tras manifestar, junto a su familia, una postura crítica ante los recortes del Gobierno en políticas de discapacidad. El reclamo apunta a que Milei elimine el contenido ofensivo publicado contra el joven en su cuenta de X.
El letrado Andrés Gil Domínguez, abogado de Moche, explicó que la posición del fiscal podría tener una derivación directa en el escándalo relacionado con la criptomoneda $Libra, ya que el Gobierno ha intentado desligar a Milei como funcionario público de la promoción de ese activo digital. “En el proceso judicial promovido por Ian Moche contra Javier Milei se produjo una actuación judicial que impacta directamente en el caso LIBRA”, advirtió Gil Domínguez desde su cuenta en X.
Cabe recordar que cuando estalló la polémica sobre la criptomoneda, funcionarios de Gobierno argumentaron que la difusión que hizo Milei de $Libra no constituyó una acción gubernamental, sino una opinión personal emitida desde su red social. Esa línea defensiva es la que ahora queda en entredicho tras el dictamen de Gutiérrez Eguía, quien subraya que el perfil de Milei posee el tilde gris que X reserva exclusivamente a “Individuos del gobierno Nivel nacional: Jefes de Estado, monarcas, primeros ministros y sus adjuntos o cónyuges”.
El dictamen detalla además que la cuenta bajo el nombre de Javier Milei está categorizada como «Economista», aunque el titular de esa cuenta ejerce actualmente como Presidente de la Nación Argentina. Esta calificación, según plataformas especializadas, implica automáticamente que los mensajes emitidos desde esa cuenta no pueden separarse del rol institucional que desempeña.
El juez federal Alberto Osvaldo Recondo, del Juzgado N.º 4 de La Plata, ratificó la posición del fiscal y resolvió que corresponde que la causa siga tramitándose en el fuero federal. Gil Domínguez valoró este paso como un precedente judicial relevante: “Esto es un precedente muy importante porque deja asentado que el Presidente y cualquier presidente que use X con la tilde gris lo está haciendo en ejercicio de su función y no hay ninguna duda de esto”, expresó.
La denuncia en sí presentada por Moche constituye una medida autosatisfactiva, que tiene como objetivo obtener una solución judicial inmediata: la eliminación del posteo ofensivo por parte del mandatario. Gil Domínguez remarcó que, mientras más tiempo permanezca online, el daño para el joven será mayor. “Cada día que pasa, el agravio se hace más profundo”, señaló el abogado.
El detonante de la controversia se produjo luego de que Ian Moche y su madre realizaran varias apariciones en medios para concientizar sobre los recortes en el área de discapacidad. Milei, desde su cuenta de X, respondió con una descalificación directa, tildando al joven de «kirchnerista» y de estar «del lado del mal». La consecuencia fue inmediata: Ian comenzó a recibir mensajes hostiles, incluyendo amenazas y la publicación de datos personales como la dirección de su domicilio y la escuela donde estudia, acompañados por imágenes. Ante la falta de respuesta por parte del mandatario, la familia decidió avanzar judicialmente.
El fiscal propuso que la medida autosatisfactiva sea redirigida hacia una acción de amparo, lo cual abriría la posibilidad de abordar el caso con una estructura jurídica más adecuada. Mientras tanto, Gil Domínguez advirtió que el presidente aún puede enmendar la situación: “Todavía está a tiempo de borrar el posteo”, subrayó.
Finalmente, el abogado insistió en la necesidad de que la justicia adapte sus tiempos y mecanismos al contexto digital, ya que “las respuestas deben ser digitales en su forma y en sus plazos”, concluyó.