Roberto Sánchez presentó una denuncia contra un delegado comunal, acusándolo de presionar a empleados para que voten por el Partido Justicialista

Durante la mañana de hoy, el espacio político Unidos por Tucumán presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra el comisionado comunal de Gobernador Garmendia, Marcelo Salazar, luego de que circulara un video en el que el funcionario asegura tener listas las renuncias de aquellos empleados que no apoyen al oficialismo provincial en las próximas elecciones.

La presentación judicial fue impulsada y firmada por los candidatos Roberto Sánchez, José María Canelada, Micaela Viña y Milagros Céliz, quienes solicitaron que se investigue a Salazar por los delitos de amenazas y coacción, así como por violar la libertad del sufragio. En el documento, los dirigentes exigieron la inmediata remoción del delegado comunal para impedir que continúe con prácticas intimidatorias. “Estamos cansados de este Tucumán manejado por matones y patrones de estancia. Si el gobernador tuviera verdadera responsabilidad institucional, ya habría intervenido la comuna”, expresaron con firmeza los referentes del espacio opositor.

Por su parte, el primer candidato de la lista, Roberto Sánchez, advirtió que el episodio de Gobernador Garmendia no sería un hecho aislado. Según explicó, este tipo de presiones se estarían repitiendo en diferentes puntos de la provincia. “Esto no es un caso particular: existe una bajada de línea desde los niveles más altos del poder hacia las comunas rurales y los municipios. Nosotros venimos a defender a los empleados públicos y a todos los ciudadanos, porque el voto tiene que ser libre y sin condicionamientos. Ninguna autoridad puede aprovechar su cargo para amedrentar a quienes dependen laboralmente de la comuna o la intendencia. Nos llegaron múltiples testimonios y, en este caso, hay pruebas concretas en video. La Justicia debe actuar con urgencia”, sostuvo.

En tanto, Micaela Viña manifestó que, pese a la gravedad de los hechos, este tipo de prácticas ya no sorprende a los tucumanos. “Lamentablemente, estas situaciones son parte de una costumbre que se repite elección tras elección. No hay que olvidar las imágenes de acarreo de votantes que se ven cada vez que se vota en Tucumán. Por eso decidimos acudir a la Justicia, para que se investigue y se tomen medidas concretas. No podemos seguir viviendo bajo amenazas. Invitamos a cada ciudadano a ejercer su voto con libertad, porque esa es la mejor forma de enfrentar a quienes pretenden manipularlos. No los vamos a dejar solos”, enfatizó.

A su vez, José María Canelada remarcó la gravedad del caso y pidió medidas cautelares para evitar represalias. “Estamos ante un hecho de extrema seriedad: un comisionado comunal extorsionando a empleados públicos y advirtiéndoles que podrían quedarse sin trabajo y, por ende, sin sustento. Solicitamos que se lo aparte del cargo mientras avanza la investigación, para impedir que siga ejerciendo presión sobre los trabajadores. También pedimos que se garantice la protección de todos los empleados comunales frente a posibles represalias”, concluyó.