Senado: aprobaron por unanimidad una suba en las jubilaciones en una sesión marcada por la tensión

En un clima de alta tensión política y con fuertes desacuerdos entre las principales fuerzas legislativas, el Senado de la Nación celebró una sesión extraordinaria este jueves, marcada por la falta de consensos previos y por el riesgo de convertirse en un nuevo escenario de conflicto entre el Congreso y el Gobierno nacional. Sin lograr un acuerdo en la reunión informal sostenida el martes anterior, el bloque de Unión por la Patria (UP), junto con legisladores de otros espacios opositores, decidió autoconvocarse, consiguiendo así el quórum necesario para dar inicio a una jornada legislativa cargada de temas sensibles.

Con la presencia de 42 senadores en el recinto —y la ausencia de otros 30—, se habilitó una agenda ambiciosa que incluyó como puntos principales el incremento de las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en discapacidad y en Bahía Blanca, así como un paquete de leyes fiscales promovidas por varios gobernadores.

El primer debate giró en torno al aumento de los haberes previsionales y a la extensión del régimen de moratoria, lo cual fue habilitado tras la aprobación de una moción presentada por UP que permitió que esos dictámenes, pese a la falta de formalidad reglamentaria, fueran considerados válidos y, por lo tanto, sujetos a una mayoría simple para su eventual aprobación.

Durante el debate parlamentario, varias voces se alzaron en defensa de los proyectos. El senador Mariano Recalde, del Frente Nacional y Popular, explicó que las propuestas tenían un financiamiento específico: “El proyecto contempla fuentes de financiamiento propias y plantea el redireccionamiento de fondos asignados por el Ejecutivo Nacional a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”, justificó. Por su parte, Martín Lousteau, de la UCR, valoró que el texto presentado busca “recomponer lo perdido desde enero de 2024” y reconoció la incorporación de mecanismos de compensación para las cajas provinciales no transferidas.

En tanto, Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO, respaldó la medida al señalar que “el proyecto tiene financiamiento claro, por lo tanto, hablar de impacto en el déficit fiscal es incorrecto”.

La sesión, sin embargo, no estuvo exenta de controversias. El orden de tratamiento de los temas generó roces entre bloques. Ezequiel Atauche, jefe del bloque oficialista de La Libertad Avanza, cuestionó duramente la validez de la sesión al sostener que “se trata de una convocatoria irregular, sin sustento reglamentario”, y denunció que se pretende forzar el reglamento con mayorías circunstanciales.

En contraste, UP había sugerido priorizar los proyectos sobre jubilaciones, moratoria y discapacidad, seguido por la declaración de emergencia en Bahía Blanca, el rechazo al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska sobre YPF, y finalmente los temas fiscales, como la coparticipación del impuesto a los combustibles y los ATN.

El radical Eduardo Vischi presentó una alternativa, proponiendo comenzar con el caso YPF, seguido por los temas fiscales, y dejar para el final las iniciativas sociales, como la moratoria y las jubilaciones. Desde UP ya se había advertido que, en caso de que no se acompañaran los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad, ellos no respaldarían los temas fiscales, los cuales requieren mayoría calificada para su aprobación.

Por fuera del recinto, el Ejecutivo seguía de cerca la sesión. La Casa Rosada ya había anticipado que vetaría cualquier medida que pusiera en riesgo el equilibrio fiscal, reiterando su firmeza en sostener el relato del ajuste ordenado. “No vamos a ceder en medidas que impliquen nuevos gastos estructurales”, señalaron desde el oficialismo.

Además, la situación expuso fisuras internas dentro del propio oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó públicamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel —quien presidió la sesión—, a través de un duro mensaje en redes sociales: “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor”.

Con sus declaraciones, Bullrich dejó en evidencia una nueva fricción en la interna de La Libertad Avanza, señalando directamente a Villarruel como parte de una supuesta complicidad con sectores opositores. “Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, publicó.

Mientras tanto, el Senado continuaba tratando temas clave impulsados por los gobernadores, como la distribución diaria y automática de los Aportes del Tesoro Nacional, y una nueva fórmula de reparto del impuesto a los combustibles, lo cual implicaría el vaciamiento de diversos fideicomisos hoy gestionados por Nación.

Como cierre, se preveía que el cuerpo emitiera una declaración política sobre la situación de YPF, una medida simbólica pero cargada de significado en una semana legislativa que puso a prueba la verdadera capacidad de influencia del Congreso frente a un Ejecutivo determinado a defender su política de ajuste y equilibrio fiscal a toda costa.