Las organizaciones Poder Ciudadano, Transparencia Activa y Amnistía Internacional han decidido intervenir como «amicus curiae» en el proceso judicial iniciado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) contra Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”. Este caso no solo busca abordar el hostigamiento digital, sino que también se erige como un ejemplo clave para analizar los límites legales en la difusión de noticias falsas o “fake news”.
La denuncia contra Parisini se centra en las reiteradas acciones de acoso en redes sociales dirigidas a FOPEA, a su presidenta, Paula Moreno, y a otros miembros de la organización. Este hostigamiento incluyó la divulgación de información falsa y ataques coordinados que, según se denuncia, habrían sido amplificados por personas cercanas al área de comunicación del gobierno de Javier Milei y por seguidores del presidente en la red social X (anteriormente Twitter).
En el documento presentado a la Justicia, que consta de 84 páginas y al que tuvo acceso Clarín, las tres organizaciones plantean que este caso tiene una relevancia excepcional, pues implica la defensa de derechos fundamentales como la libertad de expresión y pensamiento. Los directores de estas ONG —Pablo Secchi de Poder Ciudadano, Mariela Belski de Amnistía Internacional Argentina y Tomás Carol Rey de Transparencia Activa— firmaron el escrito con el respaldo del abogado Germán Cosme Emanuele.
El texto detalla que la figura del amicus curiae permite que terceros ajenos al litigio presenten puntos de vista que puedan aportar valor al análisis y resolución del caso. Este mecanismo resulta especialmente pertinente cuando el caso trasciende el interés individual y toca cuestiones de interés público, como sucede aquí.
Cuando fue consultado sobre este respaldo de las ONG hacia la denuncia de FOPEA, Parisini ironizó ante el medio: “Me parece genial. Ojalá termine preso”. Por su parte, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, en respuesta a la difusión de la nota, expresó en redes sociales su escepticismo respecto al avance del caso, afirmando que no había recibido notificación alguna desde que la denuncia fue presentada.
Daniel Parisini, también conocido como “Gordo Dan”, ha ganado notoriedad como uno de los principales influencers del movimiento libertario y, recientemente, como dirigente político de La Libertad Avanza. En el último mes, participó como orador en el lanzamiento de la agrupación «Las fuerzas del cielo» y en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Además, fue señalado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como un posible candidato para las próximas elecciones parlamentarias.
El vínculo entre Parisini y el presidente Javier Milei quedó en evidencia esta semana cuando el mandatario asistió al programa de streaming “La Misa”, conducido por el influencer en la plataforma Carajo. Durante la entrevista, Milei volvió a criticar duramente a FOPEA, señalando que la organización y sus integrantes lo acusan sin fundamentos. El presidente expresó que «el 85% de lo que publican los medios son mentiras», y añadió que estos están «perdiendo el monopolio de la palabra». Sus comentarios incluyeron insultos dirigidos a periodistas específicos y una reafirmación de su postura contra la prensa profesional.
El origen de la denuncia judicial
La denuncia de FOPEA fue presentada por los abogados Hugo Wortman Jofré, Ariel Garrido y Tomás Brady, quienes argumentaron que las acciones de hostigamiento digital como las atribuidas a Parisini están tipificadas en el Código Penal con penas que van desde multas hasta arresto. Dichas penas pueden duplicarse si las agresiones digitales son realizadas de manera organizada o utilizando identidades falsas o anónimas.
En su escrito, FOPEA subrayó que será responsabilidad de la Fiscalía determinar si el acoso coordinado en redes sociales, en el que participaron otros usuarios vinculados al esquema de comunicación gubernamental, configura un agravante. Además, deberá evaluarse si la utilización de cuentas anónimas, como se alega, refuerza la gravedad del caso.
El conflicto comenzó en junio pasado, cuando FOPEA alertó sobre un proyecto del Ministerio de Capital Humano que proponía implementar una matrícula obligatoria para periodistas. Además, la organización fue criticada por no condenar rápidamente una agresión sufrida por el youtuber libertario Mariano Pérez durante una protesta frente al Congreso. Ese mismo mes, Parisini publicó en su cuenta de X un supuesto chat de WhatsApp en el que atribuía a miembros de FOPEA comentarios burlescos y despectivos sobre las agresiones que sufrió Pérez. Sin embargo, FOPEA denunció que el chat era completamente falso y había sido fabricado para desprestigiar a la organización y sus integrantes.
El posteo de Parisini incluía un llamado explícito a sus seguidores para posicionar un hashtag en contra de FOPEA, lo que derivó en una avalancha de insultos y agresiones en redes sociales. Según la denuncia, estos ataques fueron amplificados por otros usuarios vinculados al gobierno y por el propio presidente Milei, quien no solo reposteó publicaciones afines, sino que también lanzó sus propias críticas contra FOPEA y los periodistas en general. Milei llegó a calificar a FOPEA como “una vergüenza” y acusó a los medios de comunicación de ser “chorros” y de carecer de credibilidad.
Las implicancias del caso
FOPEA sostiene que la difusión de noticias falsas y el acoso sistemático en redes sociales no están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, argumentaron que el objetivo de estas acciones es limitar el ejercicio independiente del periodismo, atacando a quienes intentan publicar información que puede ser considerada inconveniente por las autoridades.
La organización considera que este tipo de conductas no solo afectan a FOPEA y sus miembros, sino que también representan una amenaza para la función esencial que cumple el periodismo independiente en la defensa de la democracia. Según su denuncia, las agresiones verbales y la desinformación intencional generan un clima de hostilidad que busca inhibir la labor periodística y erosionar la credibilidad de quienes informan de manera crítica sobre el gobierno.
FOPEA concluyó que este caso debe servir como un precedente para delimitar las responsabilidades legales en el uso de redes sociales y establecer mecanismos que garanticen el respeto hacia el trabajo periodístico, incluso en contextos de desacuerdo político.