El sistema judicial argentino mantiene abierta una investigación por presunto lavado de activos contra la Iglesia Universal del Reino de Dios, una organización religiosa de orientación evangelista que se encuentra en la mira desde hace ya varios años. En el centro del caso figura Ricardo Alberto Cis, pastor principal y referente máximo de la institución en el país, sobre quien recaen serias sospechas en relación al origen y la gestión del patrimonio acumulado.
El proceso judicial se remonta formalmente al año 2020, aunque los hechos que se están evaluando abarcan más de una década de actividad previa. Fue precisamente en ese año cuando Cis intentó adquirir una emisora radial, presuntamente con la intención de expandir el alcance del mensaje religioso de su iglesia. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando las autoridades detectaron una incompatibilidad entre los ingresos declarados por el líder religioso y los elevados montos requeridos para concretar dicha operación.
A raíz de esta irregularidad, se dio inicio a un análisis minucioso sobre el flujo de fondos dentro de la iglesia. Cis defendió su posición asegurando que los fondos provenían de los diezmos —aportaciones voluntarias realizadas por los fieles—, pero no presentó documentación respaldatoria que permitiera corroborar ese origen. Esta omisión dio lugar a un seguimiento detallado de las donaciones y transacciones financieras efectuadas a nombre de la institución.
La Unidad de Información Financiera (UIF) tuvo un rol clave en esta etapa, ya que tras examinar la documentación disponible, encontró operaciones sospechosas: en el año 2010, por ejemplo, se registraron depósitos por 4 millones de pesos realizados por 45 personas. Lo más llamativo fue lo que ocurrió entre 2012 y 2013, cuando apenas 26 individuos aportaron una suma de 160 millones de pesos, entre los cuales figuraba al menos un beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un dato que puso en duda la capacidad económica de algunos donantes.
Durante el período comprendido entre 2010 y 2014, la iglesia recaudó cerca de 260 millones de pesos, y según los registros más recientes, esa cifra ha seguido aumentando con el paso del tiempo. El patrimonio acumulado es impactante: actualmente, la Iglesia Universal del Reino de Dios posee siete propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras 14 en la provincia de Buenos Aires, además de bienes raíces distribuidos en distintas localidades del interior del país.
En lo que respecta a vehículos y otros activos, la magnitud también es significativa. La institución cuenta con 186 automóviles y un avión modelo Cessna 750, lo que eleva el valor estimado de su patrimonio a unos cinco millones de dólares. Consultada por medios como TN, la iglesia no ha ofrecido comentarios ni explicaciones públicas sobre el contenido de la investigación.
La causa judicial fue iniciada en el juzgado a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, aunque posteriormente se trasladó al fuero penal económico debido a cuestiones de competencia. En la actualidad, el expediente es dirigido por el juez Diego Amarante, quien accedió al pedido del fiscal Emilio Guerberoff para citar a 13 personas a prestar declaración indagatoria, instancia que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto.
Entre las personas convocadas se encuentran María Idineo Oracz de Assis, quien figura como presidenta de la organización, y Ramón Raitelli, responsable del área financiera como tesorero. También fueron citados Douglas Alexander Alves Coutinho y Carlos Alberto Souza Magalhaes, ambos con vínculos notorios con el bolsonarismo brasileño, lo cual añade una dimensión política internacional al caso.
Con estos elementos sobre la mesa, la Justicia busca determinar si existió un mecanismo de captación de fondos ilegítimos bajo la apariencia de donaciones religiosas, lo que podría constituir un complejo esquema de lavado de dinero dentro de una institución con notable presencia regional.
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