En la parte final de la 22ª edición del Council of the Americas, un encuentro que reunió a importantes dirigentes del Gobierno nacional junto a destacados empresarios de distintos sectores del país, se produjo un momento de tensión que no estaba en los planes de la organización y que sorprendió a todos los presentes.
El episodio enfrentó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grinman. La discusión pública tuvo como eje un cuestionamiento del funcionario hacia el empresario, a raíz de un recurso de amparo interpuesto contra el Decreto 149/2025, normativa que impide que los convenios colectivos de trabajo establezcan cargas económicas obligatorias para empleadores que no estén afiliados a la entidad correspondiente.
El planteo de Sturzenegger
Durante su exposición, Sturzenegger repasó los fundamentos de la medida adoptada por el Gobierno, insistiendo en que los aportes compulsivos funcionan como una especie de impuesto privado, algo que, según sus palabras, carece de legitimidad en tanto la mayoría de las organizaciones empresariales y sindicales operan a partir de contribuciones voluntarias.
En ese contexto, el ministro señaló directamente a Grinman, quien se encontraba entre el público, y lo interpeló por haber recurrido a la Justicia para frenar la aplicación del decreto. “No es correcto usar la Justicia para sostener privilegios”, lanzó de manera contundente. La referencia estaba vinculada a los aportes que el Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap) cobra sobre el salario inicial de los trabajadores alcanzados por el convenio mercantil.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman (Adrián Escandar)
Sturzenegger advirtió que este tipo de prácticas generan distorsiones y privilegios que no deberían sostenerse judicialmente, al tiempo que reclamó a Grinman un gesto concreto: “Mario, te pido por favor, sería muy valioso que bajes esa cautelar”, expresó. El titular de la Cámara de Comercio y Servicios respondió sin dudar que no accedería a esa solicitud. Ante la negativa, el ministro retrucó con dureza: “Bueno, la casta se defiende con uñas y dientes”.
El funcionario continuó con su argumentación y puso como ejemplo a sectores empresariales que funcionan con un esquema de aportes voluntarios, entre ellos la construcción, Adeba (bancos) y la Sociedad Rural. En esa línea, agregó que no resulta apropiado utilizar la vía judicial para obligar a que los afiliados deban pagar un aporte obligatorio que, según él, “nadie quiere afrontar”.
La tensión se mantuvo hasta el cierre de la discusión, cuando Sturzenegger afirmó: “Pensé que me ibas a traer tu acuerdo para darla de baja”, a lo que Grinman respondió con una frase final que dio por terminado el cruce: “Bueno, estamos en democracia”.
La intervención de Grinman
Cabe señalar que antes de este episodio, Grinman había tomado la palabra en el Council of the Americas, donde realizó una férrea defensa de la gestión nacional. Destacó, entre otros puntos, la importancia del veto presidencial que evitó un gasto adicional en materia previsional, y aseguró que la Cámara que encabeza “siempre mantuvo la misma posición ideológica”.
Con un tono enfático, subrayó que nadie podría negar la difícil situación que atraviesan los trabajadores de áreas esenciales como la educación, la salud y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, planteó que la verdadera discusión pasa por definir de qué manera se obtienen los recursos genuinos para atender esas demandas, advirtiendo que de lo contrario se cae en una especie de ficción económica: “sino vamos a jugar a los estancieros”, señaló.
En su análisis, también dirigió críticas hacia las provincias y los gobiernos locales. Según Grinman, resulta necesario exigir responsabilidad no solo al Ejecutivo nacional, sino también a los gobernadores y a los intendentes. En esa misma línea, cuestionó con severidad la labor del Congreso, que en una extensa sesión acompañó el veto presidencial. “Los legisladores creen que pueden, mediante una ley, decretar que todos los ciudadanos sean felices, pero eso es imposible”, manifestó.
Con tono crítico, concluyó que cuando este tipo de debates se desarrollan en el ámbito legislativo, lo que predomina no es el interés genuino por la población, sino los cálculos partidarios y la defensa de intereses propios.