El 7 de junio de 2019, apenas quince días antes de formalizar su candidatura presidencial, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” con Federico “Fred” Machado por un monto de 1 millón de dólares. Machado, empresario actualmente vinculado a investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero, fue recientemente autorizado por la Corte Suprema para ser extraditado a Estados Unidos, donde será juzgado por esos delitos.
Según información obtenida por La Nación de una fuente cercana al proceso desde sus inicios, el acuerdo establecía que Espert recibiría 100.000 dólares al momento de la firma y el resto se pagaría en nueve cuotas mensuales consecutivas de 100.000 dólares cada una, a través de transferencia bancaria. Machado firmó en representación de Minas del Pueblo, una empresa guatemalteca de su propiedad, actualmente bajo investigación y control judicial en Estados Unidos.
Ese mismo año, Machado también financió la campaña presidencial de Espert, cubriendo al menos 36 vuelos en avión privado y facilitándole una camioneta, apoyos que no habían sido declarados formalmente como fondos de campaña. Además, según declaraciones recientes de Espert, Machado habría provisto otros “100 o 150 lucas” para gastos de comida, hoteles y transporte aéreo.
Aunque Espert reconoció públicamente en 2020 haber recibido 200.000 dólares de Minas del Pueblo, no había detallado que el contrato total ascendía a un millón de dólares ni que los pagos estaban previstos mientras él ya se encontraba en plena campaña presidencial. Su versión inicial indicaba que solo asumiría el rol de asesor privado una vez finalizada la campaña, un relato parcialmente confirmado por Machado.
El contrato estipulaba que Espert debía realizar “un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente sobre los avances del trabajo encomendado”. Esto coincidía con la versión de Espert de haber sido contratado como economista para asesorar en la reestructuración de deuda de la minera.
El acuerdo describía en detalle las estrategias de “refinanciación” y “expansión” de la empresa. Sobre la refinanciación, señalaba que era un proceso complejo que requería “asesoramiento especializado”, incluyendo un estudio profundo de la situación económica de la empresa, la propuesta de negociación colectiva e individual, reducción de costos y maximización de flujos de caja. La expansión debía incluir la elaboración de un documento con “las grandes decisiones” para guiar a la compañía hacia una gestión eficiente.
El contrato también definía pautas específicas de acción y redacción en primera persona, con indicaciones como: “Debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación de la deuda es siempre preferible al concurso de acreedores” y la necesidad de involucrar asesores legales, fiscales y financieros. Además, preveía la ampliación del capital mediante aportes de accionistas actuales o nuevos, buscando un equilibrio entre los intereses de la empresa y sus acreedores.
El plazo de ejecución del contrato era de doce meses, con posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo. Los pagos estaban estipulados para realizarse dentro de los primeros cinco días de cada mes, y Machado renunciaba a cualquier alegato por fuerza mayor, caso fortuito o disposición estatal que pudiera impedir la transferencia. Espert no devolvió dinero a pesar de no haber completado el trabajo, debido a la pandemia como causa de fuerza mayor.
El contrato también contemplaba cláusulas por incumplimiento: si Espert no completaba el trabajo dentro del plazo acordado y no se prorrogaba, Machado podía exigir la devolución de los pagos y reclamar daños y perjuicios. Asimismo, cualquier disputa debía resolverse en los tribunales ordinarios de Nueva York.
Finalmente, el documento estaba firmado por Espert y Machado, con certificación notarial en Buenos Aires fechada el 19 de junio de 2019, pocos días antes de que Espert se inscribiera como precandidato presidencial. En las elecciones generales de octubre de ese año, Espert obtuvo el sexto lugar con 1,5% de los votos, tras superar el corte de las PASO.
En resumen, el contrato entre Espert y Machado detallaba un acuerdo millonario de asesoramiento estratégico y financiero, con pagos garantizados en dólares, cláusulas específicas para la refinanciación y expansión de la empresa, y previsiones legales estrictas, todo mientras Espert iniciaba su campaña presidencial.