El abogado Alfredo Aydar ha presentado un escrito ante las autoridades de la Legislatura solicitando la expulsión del legislador José Orellana, miembro del bloque Justicialista. Este pedido surge luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara una condena en su contra por el delito de abuso sexual cometido en 2006, cuando Orellana ocupaba el cargo de diputado.
En su solicitud, Aydar insta al vicegobernador Miguel Acevedo a remover al legislador de su puesto, argumentando que Orellana carece de la «idoneidad ética y moral» necesaria para continuar en el ejercicio de un cargo público. La base de esta demanda es la reciente decisión de la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, que confirmó una pena de tres años de prisión en suspenso para Orellana, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Este fallo es especialmente relevante porque, según Aydar, se trata de un delito grave, lo que hace «inmoral» que el condenado continúe representando a la provincia en la Legislatura.
El abogado subraya que la cuestión no es si la condena está en su última instancia, sino si Orellana es apto para seguir desempeñándose en su rol de legislador. En este sentido, Aydar afirma que «mantener a alguien condenado por abuso sexual en un cargo público, especialmente en un cuerpo que debe velar por el bienestar de la provincia, promovería la impunidad». Además, considera que la permanencia de Orellana en la Legislatura degrada y desvaloriza la institución, sobre todo cuando se trata de un delito que involucró «el sometimiento de una mujer, haciendo abuso del poder conferido», y que fue cometido dentro de las propias instalaciones institucionales.
Aydar también hace referencia al artículo 58 de la Constitución de Tucumán, que permite a la Legislatura, con dos tercios de los votos, corregir o incluso remover a uno de sus miembros por inhabilidad física o moral. Asimismo, menciona el artículo 132 del reglamento parlamentario, que establece que, por indicación del presidente o de cualquier miembro, se puede decidir sin discusión si se aplica la facultad que otorga la Constitución. Si la votación es favorable, el caso pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para definir las medidas pertinentes.
En su argumentación, Aydar sostiene que el fallo de la Cámara de Casación es suficiente para justificar la expulsión de Orellana por «inhabilidad moral», dado que ya no se trata de una simple denuncia, sino de un proceso judicial en el que distintos jueces han confirmado que el delito sí ocurrió. En este sentido, el abogado considera que la exclusión del legislador debe ser inmediata y preventiva, ya que se ha probado que Orellana cometió el delito de abuso sexual.
El proceso judicial contra Orellana tuvo su origen en una denuncia presentada por Agustina Poch, colaboradora de la diputada Gabriela Troiano. Poch acusó al legislador de haber abusado sexualmente de ella el 11 de noviembre de 2016, en el interior de su despacho. Posteriormente, el juez Federico Salvá condenó a Orellana en primera instancia, sentencia que fue confirmada por los jueces de la Cámara Nacional de Casación Criminal el pasado 22 de agosto, consolidando así su culpabilidad como autor del delito de abuso sexual.