En junio pasado, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), una empresa estatal en proceso de posible cierre o privatización impulsada por el presidente Javier Milei, recibió una oferta de la firma israelí TEGI Limited para la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad, por un monto cercano a los 2,1 millones de dólares. El precio de unos 70 dólares por tonelada fue considerado muy bajo por YCRT, pero era entendible debido a las limitaciones del carbón producido en Río Turbio, que presenta altos niveles de ceniza y está en condiciones de combustión, además de encontrarse en una ubicación remota que reduce su valor en el mercado.
A pesar de la baja oferta, la intención de TEGI era adquirir un lote de carbón casi inútil para luego negociar un contrato a largo plazo por 700.000 toneladas anuales. Si bien un acuerdo así podría haber significado un respiro financiero para la minera, cuya producción mensual no supera las 5.000 toneladas y que reporta pérdidas millonarias, la operación fue interrumpida debido a un presunto pedido de coima.
En junio, todo parecía marchar bien, con TEGI enviando una solicitud formal de compra a la dirección de YCRT, liderada por el interventor Thierry Decoud. El carbón estaba ya almacenado en Punta Loyola, listo para ser exportado, pero la operación se detuvo súbitamente cuando Andrés Gross, un intermediario, convocó a una reunión telefónica de urgencia. En la conversación, grabada y difundida, Gross, junto con Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI en Argentina, y Alejandro Salemme, un broker tucumano, discutieron sobre el estado de la negociación. Gross, amigo cercano de Decoud, planteó que TEGI debía aumentar el presupuesto para que la compra se concretara, lo cual insinuaba un pedido de soborno.
Gross no trabajaba para YCRT, pero apareció como intermediario en un contexto de opacidad. En el diálogo, Yarke le preguntó por su nombre completo, y Gross respondió con evasivas, lo que generó tensiones. Según Gross, quienes tomaban las decisiones eran «ellos», sin precisar quiénes, y esos actores pedían un ajuste en la oferta de TEGI. Aunque el monto exacto que solicitaba Gross no quedó claro en la grabación, se estima que rondaba entre el 1% y el 1,5% de los 2,1 millones de dólares, es decir, entre 20.000 y 30.000 dólares.
Gross, al verse descubierto, admitió que se había excedido en sus comentarios y que no tenía la influencia que había aparentado. «Me fui de boca», reconoció, mientras que Salemme también calificó su actuación como «infantil», aunque ambos defendieron su rol como intermediarios legítimos. Sin embargo, Yarke cuestionó la necesidad de estos intermediarios, señalando que la compra ya había sido facilitada por funcionarios de Cancillería, y que, por lo tanto, no correspondía pagar comisiones adicionales a Gross y Salemme.
La conversación se tornó cada vez más tensa, con Gross insistiendo en que tenía el poder para cerrar la operación, pero Yarke reafirmó que no era necesario contar con intermediarios y que la compra se había gestionado directamente con YCRT y el Estado. Gross, en su intento por justificar su participación, alegó que había sido llamado porque el acuerdo diplomático estaba estancado, pero Yarke reiteró que la empresa no operaba bajo esos términos y que la divulgación de información a terceros como Gross era inapropiada.
La situación escaló al punto en que Yarke manifestó su frustración por lo que consideraba una intervención agresiva en la negociación. Gross, por su parte, insistió en que él no dependía de ese negocio y que solo intentaba facilitarlo, pero que necesitaba que se le reconociera su papel para que la operación avanzara.
Finalmente, el acuerdo quedó en suspenso, y desde YCRT indicaron que el proceso de venta de carbón sigue abierto, aunque las propuestas recibidas hasta el momento han sido desestimadas por no cumplir con los precios mínimos requeridos. Además, la empresa subrayó que prioriza las ofertas de compradores directos, una posición que va en línea con la crítica de Yarke hacia la intermediación de Gross y Salemme.