Javier Carbajo, un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, quien fue uno de los jueces que debía revisar la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en el caso conocido como “Vialidad”, se excusó de intervenir en el proceso. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por las obras públicas recibidas por el empresario Lázaro Báez.
Mediante un escrito, Carbajo –juez de la sala cuarta del máximo tribunal penal– argumentó que al confirmar la condena a Báez en la causa por lavado de dinero planteó que ese delito tenía como hecho ilícito precedente el presunto direccionamiento de la obra pública que se juzga en el caso en el que ahora debía intervenir.
Ahora su decisión debe ser ratificada o rechazada por sus colegas de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, a quienes justamente este mismo jueves 4 de mayo la defensa de Cristina Kirchner recusó por falta de independencia y parcialidad por sus visitas Olivos y a la Casa Rosada cuando Mauricio Macri cuando era presidente de la Nación.
Los jueces no tienen un plazo para definir si confirman la única condena que tiene la vicepresidenta y otros acusados. De esta forma, ahora se debe integrar con un tercer integrante la sala para luego empezar a analizar el veredicto.
Carbajo lo decidió a raíz que en su voto para intervenir en la causa por lavado de dinero, el magistrado consideró que el delito precedente en el caso fue la obra pública que recibió durante el gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Al haber opinado por hechos similares, decidió apartarse.
«Fue así que en mi intervención en la citada causa 3017/2013 valoré, con particular relevancia, el incremento patrimonial que registró Lázaro Antonio Báez en el período allí precisado y el crecimiento de Austral Construcciones S.A. en idéntico lapso, como elementos que fueron ajustadamente ponderados en la sentencia condenatoria dictada en tal expediente y que lucen, en esta oportunidad, también justipreciados en el fallo para fundar el juicio de responsabilidad que viene en revisión», estimó Carbajo.
El juez recordó que en ese caso tuvo «por comprobado que Lázaro Antonio Báez instrumentalizó a la firma Austral Construcciones S.A. para recepcionar fondos públicos y desviarlos, debiendo entonces echar mano a herramientas de lavado de activos con el propósito de darle apariencia de legalidad al dinero».
Ante la llegada ahora el Tribunal del caso que tiene como condenados a la titular del Senado y al empresario, el juez recordó que «se trata del mismo hecho -obra pública- al que me remití al efectuar consideraciones relativas al delito precedente».
«En consecuencia, a partir del relevamiento efectuado, advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones en aquella operatoria ilegal, que han sido también sopesados en la resolución aquí recurrida para dictar un temperamento condenatorio en su contra, por lo que considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado», opinó.
La recusación a los jueces Borinsky y Hornos
Los abogados que representan a Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, recusaron a los tres jueces de la Casación que integran la sala que debe intervenir en la revisión de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, los defensores solicitaron que no sean ellos los que intervengan para definir el tratamiento del apartamiento del juez Carbajo.
«En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recusar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo más allá de la inhibición ya postulada por este último», plantearon los abogados en su presentación, según consignó Télam.
«Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales», señalaron los abogados Beraldi y Llernovoy en relación a los jueces Hornos y Borinsky.