La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tomó la decisión de desvincular a 38 empleados del Senado, quienes habían sido nombrados en planta permanente durante la gestión de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida se originó tras una investigación realizada por una «comisión especial» conocida como Comisión de Análisis de Dotación (CAD), establecida para evaluar tanto el número de empleados como su desempeño en la Cámara alta.
Con esta medida, ya son 419 las personas que cesaron en sus funciones a partir de la llegada de la nueva conducción de la Cámara.
Desde el Senado, se indicó que las desvinculaciones estaban dirigidas a aquellos trabajadores que fueron contratados durante el anterior mandato. Según el informe elaborado por la CAD, estas contrataciones se llevaron a cabo bajo la resolución RSA 847/2023. La comisión encontró “irregularidades en el cumplimiento de los requisitos necesarios para la incorporación de agentes, como la falta de idoneidad y la inexistencia de vacantes disponibles”, según publicó el medio Ámbito.
La CAD fue establecida en mayo pasado a través de una resolución de la vicepresidenta, con la finalidad de ejercer un control más riguroso sobre el personal del Senado. Una de las primeras acciones que tomó fue la implementación de un Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos, el cual se aplica a los empleados de planta permanente, aunque aquellos contratados directamente por los legisladores quedaron exentos de esta medida.
La resolución que dio origen a la CAD detalla que es necesario cumplir con criterios de “idoneidad y antecedentes que respeten lo establecido por la Constitución, así como también los requisitos legales para la incorporación y ascenso de los agentes”. Todo esto debe estar en consonancia con una relación de razonabilidad con respecto a las misiones, funciones y objetivos de gestión de calidad de la organización.