A solo días de que el Senado se reúna para la ceremonia en la que asumirán los legisladores elegidos en las elecciones de octubre, el futuro de la rionegrina Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza, todavía permanece envuelto en dudas. Sin embargo, dentro del panorama actual comienza a tomar forma la posibilidad de que la Cámara alta finalmente habilite su incorporación a partir del 10 de diciembre.
Aunque hoy es diputada nacional, Villaverde obtuvo su certificado como senadora electa por la minoría, documento emitido por la Justicia electoral. Ese mismo diploma fue objetado por el PJ de Río Negro, que solicitó su invalidación bajo el argumento de que la legisladora carece de “idoneidad moral”. La presentación del peronismo se apoya en antecedentes polémicos: se recuerda que Villaverde fue detenida en 2002 en un aeropuerto del estado de Florida con casi dos kilos de cocaína. A esto se suma su cercanía con Claudio Ciccarelli, familiar de Federico “Fred” Machado, un argentino extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y cuya relación con José Luis Espert generó un fuerte impacto político dentro de LLA meses atrás.
A partir de esas denuncias —junto con otras dos objeciones ingresadas por particulares— la Comisión de Asuntos Constitucionales resolvió la semana pasada dictaminar a favor de rechazar el diploma de Villaverde. Si ese dictamen consiguiera la aprobación del pleno, la legisladora quedaría inhabilitada para asumir, y el escaño sería ocupado por quien siguió en la lista.
El texto elaborado por la comisión será debatido el próximo viernes a las 11. El reglamento del Senado establece que los legisladores electos participan tanto del quórum como de la votación de validez de los diplomas, con la excepción de su propio título. En consecuencia, la continuidad de Villaverde en el proceso dependerá del voto de los senadores entrantes, excepto el suyo.
Por ahora, el conteo preliminar beneficia al oficialismo: la bancada de LLA respalda la legitimidad de Villaverde, exige que se le tome juramento ese mismo viernes y sostiene que no hay argumentos suficientes para impedirle el ingreso. Según los números que circulan, solo 28 senadores estarían dispuestos a bloquear su asunción. Incluso en sectores kirchneristas admiten que no poseen los votos necesarios y reconocen que mantienen vivo el tema más por presión política que por convicción de que lograrán frenarla.
Un relevamiento inicial indica que 26 senadores de Unión por la Patria votarían en contra del ingreso de Villaverde. Falta saber qué postura adoptarán Gerardo Zamora y Elia Moreno, del Frente Cívico de Santiago del Estero, quienes podrían sumarse a ese bloque o abstenerse.
En paralelo, dos legisladores del interbloque Provincias Unidas también se inclinarían por el rechazo: Alejandra Vigo, que ya firmó el dictamen de la comisión, y Carlos “Camau” Espínola, quien no expresó públicamente su posición pero habría manifestado en privado que ve con malos ojos permitir el ingreso de la rionegrina. En su caso pesan antecedentes recientes: hace un año, el oficialismo dejó sin respaldo al senador Edgardo Kueider, lo cual terminó facilitando su expulsión.
En la vereda opuesta se ubican los 19 senadores de LLA (sin contar a Villaverde), junto con cinco votos de Pro, entre ellos el del cordobés Luis Juez, quien ha reiterado que la legisladora no posee causas activas ni en la Argentina ni en Estados Unidos, ya que su expediente en ese país se cerró por cuestiones de procedimiento. También se suman a la defensa los dos senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, aliados estratégicos del Gobierno.
Entre ambos grupos se encuentra un conjunto de senadores que aún no definió posición y que podría ser determinante. Especialmente los integrantes de la UCR, que suman diez votos y suelen decidir de manera independiente según la postura de cada legislador.
La discusión interna atraviesa a varios bloques. En muchos casos, el dilema principal gira en torno a dos argumentos contrapuestos:
Por un lado:
Por el otro:
Así, a seis días de la sesión clave, el Senado se prepara para un debate que no solo definirá el futuro de Villaverde, sino que podría sentar un precedente institucional de gran peso para los próximos años.
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