La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero, representante del PRO por la provincia de Córdoba, protagonizó una fuerte controversia durante la reunión plenaria de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara alta, en el marco del debate por el proyecto que establece la emergencia sanitaria pediátrica. Sus palabras despertaron críticas y repercusiones al afirmar de manera tajante: “Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan. Ese derecho yo no lo conozco”.
El proyecto bajo discusión, que llegó al Senado tras ser aprobado en la Cámara de Diputados, propone declarar por el plazo de un año la emergencia sanitaria en la atención de la salud pediátrica y en las residencias médicas de carácter nacional. En ese contexto, Álvarez Rivero —quien se muestra cercana a la administración libertaria— sostuvo que el problema sanitario que enfrenta el país no es un hecho reciente, sino un fenómeno que se arrastra desde hace tiempo y que, a su entender, se agrava año tras año. Según expresó, la cuestión de fondo no radica únicamente en reconocer la crisis sino en delimitar con precisión cuáles son las competencias y responsabilidades de cada jurisdicción, tanto nacionales como provinciales.
Al profundizar su posición, la senadora relató con preocupación lo que observa en su propia provincia. Señaló que siente “vergüenza” al recorrer hospitales que en otros tiempos fueron considerados un ejemplo de gestión y calidad en Córdoba, pero que hoy, según describió, se encuentran en condiciones muy deterioradas. Como ejemplo, mencionó que hasta el funcionamiento de los ascensores se ve afectado, lo que, para ella, es una muestra palpable de la precariedad actual del sistema de salud argentino. A su juicio, las falencias no pueden atribuirse únicamente al problema de los bajos salarios de los profesionales, sino a una administración deficiente en términos más amplios.
En el cierre de su intervención, Álvarez Rivero insistió en que el sistema sanitario provincial atraviesa un momento crítico, con recursos cada vez más limitados y con servicios funcionando “en su mínima expresión”. No obstante, subrayó que en Córdoba existen centros que brindan atención de alta complejidad, lo cual la llevó a cuestionar la idea, extendida en algunos sectores, de que dicho nivel de salud es responsabilidad exclusiva del Estado nacional. “La salud es de competencia provincial”, remarcó, al rechazar la noción de que todo lo vinculado con la alta complejidad deba considerarse automáticamente una función federal.