La Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentra investigando un posible caso de lavado de activos que involucra a la empresa Zefico SA, vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, luego de que se detectaran movimientos sospechosos de dinero. La situación generó un reporte formal y, posteriormente, derivó en una denuncia penal tras la filtración de los datos a la prensa.
El 30 de julio, un banco emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en relación con Zefico SA, una sociedad anónima sin historial comercial previo. La alerta se produjo luego de que entre abril y junio de 2025 ingresaran US$800.000 a la empresa mediante dos transferencias de los hijos del fundador, Pablo Costa. Lucas y María Costa aportaron US$400.000 cada uno, explicando posteriormente que se trataba de una donación de su propio padre, según informó La Nación.
Además, se indicó que Pablo Costa había recibido US$500.000 de su madre, María, mediante otra donación. Para respaldar esta transacción, la mujer presentó una declaración jurada correspondiente al periodo enero-diciembre de 2023 en la que se reflejaba dicho monto como parte de su patrimonio en efectivo. Sin embargo, se detectó un contraste con su declaración jurada de 2021, que indicaba que no poseía propiedades ni ingresos.
El dinero ingresado a Zefico SA fue posteriormente transferido a dos empresas: Netafim Argentina SA, vinculada al riego agrícola, y Tonka SA, del sector del gas, bajo la figura de mutuo, es decir, préstamos de los socios a la empresa. Según los registros, Santiago Caputo figura como único empleado de Zefico y tributa en la tercera categoría del impuesto a las Ganancias, lo que le permite facturar servicios al Estado sin estar obligado a presentar declaración jurada de patrimonio.
Tras la filtración del ROS y su difusión en medios de comunicación, la UIF decidió presentar una denuncia penal por el acceso no autorizado a información confidencial. Paul Starc, titular del organismo, señaló que la filtración involucraba un informe de inteligencia financiera con carácter secreto, según lo establecido por la Ley 25.246.
En el comunicado oficial, la UIF precisó que el artículo de La Nación describía con lujo de detalles la información contenida en el ROS, cuya difusión constituye una violación de la confidencialidad legalmente protegida. A raíz de esto, Starc ordenó una investigación interna exhaustiva para determinar quién dentro del organismo había accedido al sistema y consultado el reporte. Al concluir que ningún miembro de la UIF accedió al ROS sin instrucciones expresas, se formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del Dr. Carlos Stornelli, para esclarecer la filtración y sus responsabilidades.
