El 16 de diciembre del año pasado, Tucumán se vio conmocionado por la trágica muerte del reconocido médico Ángel María José Salas Hamann, de 56 años, quien fue atropellado por un automovilista mientras cruzaba la avenida Presidente Perón, en Yerba Buena, camino a una reunión con amigos en un bar cercano.
El ginecólogo Ángel Salas perdió la vida luego de ser embestido.
El ginecólogo había descendido de su camioneta Volkswagen Amarok junto a su pareja, estacionada cerca de la esquina con calle Aragón (acera norte), y cuando intentaba cruzar la calle fue embestido por un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba de este a oeste y era conducido por Emmanuel Nicolás Núñez, de 28 años.
Núñez fue imputado por homicidio culposo por la Fiscalía de Atentados Contra las Personas I, a cargo de Diego Hevia, y quedó detenido, pero ahora podría quedar en libertad bajo una caución real de $2 millones, mientras continúa la investigación en su contra.
La acusación incluyó los agravantes de conducción imprudente, exceso de velocidad y fuga, por lo que en su momento la justicia ordenó que permaneciera 59 días en prisión preventiva. Cumplido ese plazo el viernes último, la fiscalía solicitó otros tres meses, mientras que su defensor, Carlos Posse, pidió la libertad bajo fianza.
Por el hecho, Núñez fue imputado por homicidio culposo, agravado por conducción imprudente, exceso de velocidad y fuga. El 19 de diciembre fue sometido a 59 días de prisión preventiva, medida que venció el viernes, por lo que la Fiscalía solicitó una prórroga por 90 días más.
La jueza Fanny Siriani resolvió acceder al pedido de Posse, por lo que Nuñez tuvo que presentar a cinco personas cuyas boletas de sueldo hicieran la suma total de $2 millones para obtener el beneficio.
“La jueza (también intervino en la audiencia de formulación de cargos) dijo que ella otorgó los 59 días anteriores porque recién se había producido el hecho y había que proteger algunas pruebas, que ya se hicieron. Ahora entendió que podía concederle la libertad porque se podía resguardar el proceso de otra manera y porque, en caso de ser condenado, sería una pena que va de tres a seis años y al no tener antecedentes sería de cumplimiento condicional”, explicó el defensor.
Posse agregó que una vez que se firme el acta de liberación, el imputado estará obligado a cumplir medidas de menor intensidad.
El abogado querellante, Arturo Forenza, se mostró contrariado por la decisión judicial. “Si la jueza entendía a fines de diciembre que había un peligro procesal debido a las pericias que había que realizar, de las cuales algunas siguen pendientes, y que el hombre se había fugado después del hecho por lo que había posibilidad de que se oculte, no entiendo por qué ahora, sin haber cambiado su situación, no habría peligro procesal”, aseguró.
De las medidas que restan realizar, las principales son pruebas químicas de elementos secuestrados del vehículo conducido por el imputado y la pericia accidentológica. “Con la pericia accidentológica se va a dilucidar la velocidad a la que venía el vehículo y si el doctor quedó dentro de la vía de circulación o no al momento de cruzar la calle”, detalló Posse.
El abogado anticipó que aguardarán el resultado de los exámenes para evaluar si proponen una salida alternativa, a lo que Forenza afirmó: “no existe ninguna posibilidad que se pueda ofrecer algo por parte del imputado para resarcir todo el daño que causó”.
También no descartó solicitar un cambio en la imputación de cargos. “Hay indicios que demuestran que es muy posible que esto no sea un delito culposo y que podemos estar en presencia de un dolo eventual. Vamos a ser muy prudentes; respetaremos la investigación y el resultado de las pericias y oportunamente presentaremos nuestra teoría del caso”, advirtió el querellante.