Alberto Fernández vuelve a indagatoria por posible fraude millonario en la causa de los seguros

El exmandatario argentino Alberto Fernández comparece nuevamente ante el juez federal Sebastián Casanello, esta vez para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la investigación judicial conocida como la “causa de los Seguros”.

Héctor Martínez Sosa es amigo de Alberto Fernández y pareja de su exsecretaria.

Fernández está acusado de presunta administración fraudulenta y de haber incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, en el contexto de un esquema que, según la Justicia, habría facilitado el desvío de fondos públicos hacia manos privadas mediante maniobras irregulares en la contratación de seguros por parte del Estado nacional.

La investigación, que involucra múltiples elementos, se basa no sólo en un decreto firmado por el propio Fernández durante su gestión presidencial, sino también en 45 contratos de seguros, 25 intermediarios (brokers) y el pago de comisiones millonarias. Incluso se analiza el rol de una cooperativa que habría funcionado como una suerte de entidad financiera paralela, canalizando parte del dinero involucrado en estas operaciones.

En concreto, el decreto impulsado por Fernández obligaba a todos los organismos estatales a contratar seguros únicamente a través de Nación Seguros S.A., una empresa subsidiaria del Banco Nación. Esta disposición fue anulada por el actual Gobierno de Javier Milei al considerar que centralizaba de forma injustificada un negocio millonario.

Uno de los puntos más sensibles de la causa gira en torno a los intermediarios involucrados en la gestión de esos contratos. Entre ellos figura el nombre de Héctor Martínez Sosa, un conocido empresario del rubro, cercano a Fernández, y pareja de una exsecretaria personal del expresidente. La sospecha es que estos brokers habrían cobrado jugosas comisiones sin justificación clara, lo que podría configurar un caso de desvío de fondos públicos.

Otro de los nombres que despertó el interés de la Justicia es el de Daniel Rodríguez, quien se desempeñó como intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández. A fines de abril, el juez Casanello ordenó levantar tanto el secreto fiscal como el bancario de Rodríguez, y solicitó a la AFIP un detallado informe patrimonial. La orden incluyó la búsqueda de cuentas bancarias, propiedades, vehículos, embarcaciones, cajas de seguridad y cualquier otro bien registrado a su nombre.

La hipótesis judicial apunta a que Rodríguez podría haber funcionado como presunto testaferro, ya sea de Alberto Fernández o de Martínez Sosa, ocultando bienes que no figuran de manera directa en sus declaraciones juradas. La causa también investiga si existió una asignación direccionada de contratos, bajo lo que algunos funcionarios judiciales han calificado como una “estructura criminal organizada” que habría tenido como objetivo beneficiar a determinados empresarios y funcionarios mediante fondos estatales.

Si bien las primeras indagatorias fueron llevadas a cabo por el juez Julián Ercolini, la causa pasó a manos de Casanello a comienzos de este año, y hasta el momento no se ha emitido una resolución de fondo. No obstante, el magistrado decidió convocar nuevamente a Fernández, quien deberá comparecer este viernes para ampliar su declaración.

Un giro importante en la investigación se dio meses atrás, cuando la causa recibió un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El documento, de 600 páginas, detalla la estrecha relación entre funcionarios del Estado y empresarios privados involucrados en las maniobras bajo la lupa judicial.

Entre los nombres mencionados se encuentra nuevamente el de Daniel Rodríguez, a quien el informe vincula con maniobras sospechosas que podrían consolidar la teoría del «testaferro». También profundiza en el papel de Martínez Sosa, cuya cercanía personal y profesional con Fernández constituye uno de los ejes más polémicos de la causa.