Gabriel Iezzi, abogado penalista, utilizó su cuenta en X para comunicar un delicado estado de situación: “Violación en manada: tras los allanamientos ordenados por la denuncia trucha, la víctima atraviesa una crisis emocional”. Este mensaje se enmarca en el complejo y mediático caso de presunta violación grupal denunciada en marzo de 2024 en Tucumán, que involucra a cuatro ex jugadores de Vélez Sarsfield.
Este martes, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en distintos domicilios como parte de una estrategia promovida por la defensa del futbolista José Florentín. Según sus abogados, la maniobra busca exponer un supuesto “plan criminal” encabezado por el diputado nacional Carlos Cisneros y los letrados Patricia Neme y Franco Venditti, destinado a incriminar a los jugadores de manera indebida. Los procedimientos se desarrollaron en varios puntos de la provincia y, desde el entorno de la defensa, se describen como una “denuncia espejo”, orientada a desacreditar la causa original de abuso sexual, que a más de 15 meses de instrucción todavía no ha sido elevada a juicio.
Según fuentes cercanas al caso, la presentación judicial realizada por los abogados de Florentín tiene como objetivo desviar la atención del expediente principal, que investiga un gravísimo delito de abuso sexual agravado perpetrado por un grupo de futbolistas. “Se trata de una maniobra para enturbiar el proceso y presionar a quienes acompañan a la denunciante”, explican desde el entorno de la víctima.
Mientras tanto, la joven periodista denunciante está atravesando las consecuencias más duras de esta estrategia judicial. Según reconstruyó este medio, la mujer se encuentra bajo asistencia psicológica después de haber intentado quitarse la vida desde la azotea de su lugar de trabajo, siendo salvada a tiempo por sus compañeros. Allegados relatan que “está devastada por la revictimización y las presiones que recibe”.
La rapidez con la que se ejecutaron los allanamientos contrasta con la lentitud del expediente original. La fiscal Adriana Reinoso Cuello aún no elevó la causa de violación grupal a juicio, a pesar del tiempo transcurrido y del volumen de pruebas acumuladas. Expertos en derecho penal y en perspectiva de género consultados señalan un patrón preocupante: mientras las denuncias de abuso sexual se estancan en la Justicia, las maniobras defensivas se tramitan con rapidez, generando revictimización y un daño emocional profundo para las denunciantes.
El caso también generó fuerte repercusión social. Organizaciones feministas, como “Ni Una Menos”, reclaman que la Justicia actúe con perspectiva de género. “Una contra denuncia no borra una violación en manada”, resumió una fuente consultada. La joven sigue bajo cuidado profesional, mientras su entorno pide “responsabilidad a los medios y a la Justicia” para evitar que la revictimización derive en tragedia.
Por ahora, la causa por violación grupal continúa esperando su elevación a juicio. Cada día de demora no solo prolonga la impunidad, sino que incrementa el riesgo para la vida y la salud de la víctima, que continúa sufriendo las consecuencias de un proceso judicial plagado de dilaciones y maniobras paralelas.