Un agente del Servicio Penitenciario de Tucumán fue arrestado este martes bajo la acusación de haber causado la muerte de un joven de 20 años y de haber herido a un adolescente de 15 en un violento episodio ocurrido en las inmediaciones del parque Guillermina. El hecho tuvo lugar luego de que ambas víctimas, presuntamente, hubieran participado en el asalto a un sacerdote para despojarlo de su bicicleta.
El trágico suceso se desencadenó cuando el religioso José Ignacio Abun, de 65 años, transitaba en su bicicleta por la calle San Martín, a la altura de Félix de Olazábal y Godoy Cruz, en dirección hacia el oeste. En ese momento, tres individuos a bordo de una motocicleta de baja cilindrada lo interceptaron y lo obligaron a entregar su vehículo. Tras consumar el robo, los delincuentes emprendieron la fuga por la misma calle San Martín, con rumbo hacia el oeste.
Instantes después del asalto, un agente del Servicio Penitenciario, identificado como Lucas Eduardo Gaitán Soraire, que circulaba en su propia motocicleta por la zona, se percató de la situación y acudió en auxilio del párroco. Según versiones preliminares, el funcionario penitenciario se presentó como tal y procedió a dar la voz de alto a los sospechosos.
Si bien aún se investigan las circunstancias exactas que llevaron al desenlace fatal, no se descarta que los presuntos delincuentes hubieran esgrimido armas de fuego, lo que pudo haber motivado la reacción del agente. Sin embargo, en lugar de presentarse inmediatamente ante la Justicia, Gaitán Soraire no se puso a disposición de las autoridades tras el incidente, lo que generó interrogantes en la investigación.
El fiscal a cargo del caso, Carlos Sale, ordenó la detención del agente penitenciario, quien ahora enfrenta cargos por el homicidio del joven y las lesiones sufridas por el adolescente de 15 años. Como parte del procedimiento, se le incautó un arma de fuego marca Bersa, modelo Thunder Pro, calibre 9 milímetros, con 12 cartuchos, así como un teléfono celular de la marca Nubia, de color dorado y negro.
Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer si el accionar del penitenciario se ajustó a la legítima defensa o si, por el contrario, incurrió en un uso desproporcionado de la fuerza.