Ante la creciente tasa de morosidad detectada entre los adjudicatarios de viviendas sociales, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Tucumán decidió implementar una medida contundente: rescindir cientos de contratos de aquellos beneficiarios que no están cumpliendo con sus obligaciones de pago. El titular del organismo, Hugo Cabral, argumentó que esta decisión surge tras constatar que numerosos casos de incumplimiento no tienen justificación válida, ya que las cuotas mensuales que debían abonar resultan considerablemente más bajas que el precio de los alquileres del mercado e, incluso, “comparables al precio de un café”.
Cabral detalló los fundamentos de esta estrategia en una entrevista con el canal Ocho TV. Señaló que se están tomando medidas concretas para reducir los niveles de deuda entre los adjudicatarios: “Estamos empezando a bajar la morosidad. Hay mucha gente que ha venido al Instituto a pedir una forma de pago por las cuotas que debía. Tenemos el objetivo de bajar notablemente esa morosidad porque pagar la vivienda es una obligación legal, por un lado, pero por otro lado también es una obligación moral, porque es una cuota solidaria que está muy por debajo de lo que es un alquiler en el mercado y que una vivienda propia. Es un bien social y un bien escaso, entonces no podemos estar regalando alegremente cuando hay miles y miles de familias que están, algunas, hace más de 20 años esperando (por una de las casas)”.
El interventor destacó la gravedad del problema, aludiendo a situaciones en las que los adjudicatarios, pese a adeudar sumas mínimas, optaban por alquilar las propiedades obtenidas a precios muy elevados, lo que evidencia una falta de compromiso con el objetivo social del programa habitacional: “Es inconcebible que haya un atraso cuando las cuotas, además, eran tan bajas. El último año se ha venido entregando cuotas más razonables, pero se venía históricamente con cuotas que son irrisorias, menores al valor de un café. Hemos tenido muchos casos de gente que estaba debiendo una cuota irrisoria, pero que estaba alquilando la vivienda a $300,000 o $400,000”.
A pesar de la firmeza con la que se ha encarado esta política, desde el IPV aclararon que no todos los casos de rescisión son definitivos. El organismo mantiene abiertas alternativas para que los adjudicatarios en mora puedan regularizar su situación a través de planes de pago. No obstante, se advirtió que no se tolerará el incumplimiento injustificado, sobre todo teniendo en cuenta que existe una gran demanda de viviendas entre familias que llevan años esperando una oportunidad para acceder a un hogar.
Cabral remarcó que las casas entregadas por el IPV no solo representan un bien material, sino que también constituyen un recurso de vital importancia social, cuya administración debe hacerse con criterios de justicia y eficiencia. Por ello, además de la depuración de contratos, el organismo evalúa ajustar el valor de las cuotas mensuales. La intención es mantenerlas accesibles, pero adaptadas a la coyuntura económica, con el fin de asegurar la continuidad y equidad del sistema de adjudicación de viviendas sociales.
Este proceso de reestructuración apunta a que los beneficios del programa lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan y estén dispuestos a cumplir con los compromisos asumidos al recibir una vivienda del Estado.