El plenario de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales logró el martes pasado alcanzar un dictamen de mayoría que permitió a la oposición llevar al debate en la Cámara de Diputados, este miércoles 8 de octubre, la modificación del régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La intención era discutir y limitar el alcance de los DNU emitidos por el Gobierno de Javier Milei.
En la sesión, la iniciativa obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 7 abstenciones, lo que permitió avanzar con la reforma en términos generales, representando un primer triunfo de la oposición sobre la administración libertaria. Sin embargo, el avance inicial se complicó considerablemente durante la votación artículo por artículo, conocida como votación en particular, donde cada punto debía ser aprobado de manera individual.
El eje central de la reforma, el artículo 3, proponía limitar la vigencia de los DNU a 90 días, frente a la situación actual, en la que estos decretos no cuentan con un plazo definido. La intención era forzar al Ejecutivo a buscar la ratificación parlamentaria dentro de ese período acotado. No obstante, este artículo clave fue rechazado por no alcanzar la mayoría absoluta de 129 votos necesarios. La votación terminó con 127 votos a favor, 90 en contra y 17 abstenciones, quedando apenas dos apoyos por debajo del mínimo requerido.
Esta situación impidió que la iniciativa se convirtiera en ley en esa jornada, ya que todos los artículos debían ser aprobados para mantener el texto intacto tal como había sido enviado por el Senado. En otras palabras, aunque la oposición logró aprobar la reforma de manera general, el fracaso del artículo 3 bloqueó la aplicación inmediata de la medida y obligó a que el proyecto regresara al Senado para su revisión.
El objetivo de la oposición con este proyecto era claro: reducir la duración de los DNU a 90 días para forzar al Gobierno a negociar con el Congreso y obtener su convalidación en un tiempo limitado. Además del artículo 3, la reforma incluía otros cambios relevantes, como la posibilidad de derogar un DNU con el rechazo de una sola cámara y la prohibición de decretos “ómnibus”, que abarcan múltiples temas en un solo instrumento. Sin embargo, la aprobación del artículo 3 era fundamental, ya que representaba el corazón de la reforma, aquel que invertía la lógica de validez de los DNU y obligaba al Ejecutivo a someter sus decretos al control parlamentario.
En conclusión, aunque la oposición logró avances en el debate general, el rechazo del artículo clave postergó la implementación de la reforma, dejando el proyecto en un impasse legislativo y pendiente de la decisión del Senado.