El dueño de una fiesta electrónica clausurada afirmó: «Las políticas públicas son responsables si hay drogas en la provincia»

El pasado viernes 20 de septiembre, estaba programada una nueva edición del evento Proyecto Aborigen en Tafí Viejo, organizado por La Boite, un festival de música electrónica que contaría con la participación de DJs internacionales y proponía una celebración en armonía con la naturaleza por la cercanía de la primavera. Sin embargo, tres días antes del evento, La Boite anunció que, debido a la imposibilidad de obtener los permisos necesarios, el festival sería trasladado al boliche de la avenida Marco Avellaneda 1.051. Pese a esta reubicación, la Policía y Defensa Civil clausuraron el lugar esa misma noche, lo que obligó a suspender la fiesta. Ante esto, los organizadores compartieron videos del momento del cierre y anunciaron la postergación de Proyecto Aborigen. El lunes siguiente, el gobernador Osvaldo Jaldo informó que las fiestas electrónicas quedarían prohibidas en la provincia, justificando su decisión en la venta masiva de drogas que, según él, tiene lugar en estos eventos.

Eduardo Mesón, propietario del club afectado por la clausura, expresó su desconcierto por la medida tomada por el Gobierno. En una entrevista con La Gaceta, comentó: «Nos llama profundamente la atención que la prohibición sea el único camino que encuentra el Gobierno ante esta preocupación. Parecen haberse olvidado de la ley de las cuatro de la mañana y del nefasto resultado de la clandestinidad en Tucumán». Mesón insistió en la importancia de colaborar con las autoridades estatales para encontrar soluciones efectivas.

El empresario calificó de «lamentable» la estigmatización hacia un estilo musical, señalando que «si hay presencia de drogas en la provincia, es responsabilidad de las políticas públicas, no de un organizador de eventos… En todas las instancias buscamos que el Estado colabore en la producción de eventos de cualquier tipo, aunque no hemos llegado a muchos resultados. Para mejorar la seguridad hay que trabajar coordinados, no prohibir». Este llamado a una acción conjunta subraya la falta de resultados concretos en el trabajo con el Estado.

Respecto a las afirmaciones de que el evento fue clausurado por la falta de permisos de Defensa Civil, Mesón desmintió tal acusación: «Eso es totalmente falso. Lo que pasó es que la Policía nos informó que desde la Casa de Gobierno dijeron que no se iba a autorizar ninguna fiesta de música electrónica. Nos dijeron que no nos iban a dar un permiso policial a pesar de que estaba todo en regla». En este contexto, el empresario afirmó que la clausura fue resultado de una directiva de Jaldo.

El operativo policial se llevó a cabo en el boliche ubicado en la avenida Avellaneda 1.051. Según explicó Mesón, el local contaba con todos los permisos necesarios, pero un funcionario de Defensa Civil llegó para investigar el tipo de evento que se estaba organizando. Tras informarse de que se trataba de una fiesta electrónica, el funcionario advirtió que clausuraría el lugar si este se abría para dicho evento, lo que efectivamente ocurrió. «Lo que sucedió es simplemente ilegal», señaló el dueño del club.

En un comunicado oficial, La Boite expresó que estaban realizando todos los esfuerzos posibles para entablar un diálogo con el Gobierno provincial. «Esta situación es el resultado de un atropello arbitrario e ilegal, de injusticias, prejuicios y discriminación hacia gente de trabajo y hacia un movimiento cultural que no para de crecer y que valoramos profundamente, como sucede en muchas ciudades del mundo», expresó el comunicado difundido en redes sociales. Asimismo, se aseguró que todas las entradas vendidas seguirían siendo válidas para la nueva fecha del evento.

A las 16 horas de ese día, Mesón informó que se había producido un primer acercamiento con las autoridades gubernamentales, con la esperanza de resolver el conflicto.

El gobernador Jaldo, en sus declaraciones públicas, justificó la prohibición de las fiestas electrónicas señalando los riesgos que estos eventos representan para la salud y seguridad de los jóvenes. “Las fiestas electrónicas son beneficios para algunos pocos y perjuicio para mucha otra gente, mayoritariamente se vende droga», afirmó durante una rueda de prensa. Según Jaldo, no se permitirían más fiestas de este tipo hasta que no se garantice «el 100% de lo que tiene que ver con la salud y la vida de quienes concurren».

El gobernador insistió en que no estaba dispuesto a exponer a los jóvenes al riesgo del consumo de drogas por el interés económico de unos pocos: «No vamos a exponer a los jóvenes tucumanos al consumo de droga por el interés de tres o cuatro personas que quieren hacer dinero», subrayó. Añadió que varios legisladores estaban interesados en transformar esta prohibición en un proyecto de ley.

Mesón, por su parte, enfatizó que su club y él mismo estaban comprometidos en garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes a sus eventos. «Esperamos que se abra una puerta de diálogo y que se pueda trabajar con el Gobierno para llegar a buen puerto», afirmó. Además, mencionó que estaban preparando un proyecto de ley que aborde tanto las preocupaciones del gobierno como las suyas respecto a la seguridad y regulación de este tipo de eventos.