En un contexto de bajas temperaturas extremas y de serias complicaciones en la provisión de gas, el gobierno nacional liderado por Javier Milei implementó una medida de gran impacto: la desregulación total del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), que incluye como punto central la eliminación de los precios de referencia para las garrafas, una decisión que genera repercusiones en plena crisis energética.
A través del Decreto 446/2025, se introdujeron modificaciones sustanciales que afectan directamente al funcionamiento del sistema de distribución y comercialización de este recurso esencial. Según lo anunciado en un comunicado oficial, una de las transformaciones más significativas consiste en la eliminación del régimen de autorizaciones previas para aquellas empresas que deseen participar en la cadena del GLP. En adelante, bastará con que las compañías cumplan con los requisitos estipulados por la nueva normativa para quedar habilitadas. La autoridad competente únicamente revisará la documentación presentada y, en caso de no formular observaciones dentro del plazo de diez días hábiles, se considerará aprobada automáticamente, en lo que se conoce como el principio de “silencio positivo”.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, en articulación con la Secretaría de Energía. El argumento central del Ejecutivo para avanzar con esta liberalización es que busca estimular una mayor competitividad, fomentar la participación del sector privado y generar un entorno más dinámico y eficiente en el rubro de las garrafas.
Además de eliminar el control sobre los precios, también se dispuso que las exportaciones de GLP quedarán liberadas siempre y cuando se garantice primero el abastecimiento del mercado interno. Bajo esta nueva lógica de funcionamiento, será el propio sector privado quien establezca los valores del producto y las condiciones comerciales, sin intervención directa del Estado.
Otro aspecto destacado de la normativa es que se elimina la intervención estatal en el proceso de recambio y circulación de envases, dejando en manos de los fraccionadores la decisión de cómo gestionar ese circuito, asegurando —en teoría— que los recipientes cumplan con los estándares técnicos y puedan ser reutilizados de forma segura.
En este nuevo esquema, el Estado redefine su papel y se limita a funciones de supervisión técnica y fiscalización en materia de seguridad, renunciando a sus facultades de regulación activa del mercado. Desde la óptica oficial, esta reconfiguración busca facilitar el desarrollo de un entorno más transparente y competitivo, con reglas claras, que promueva tanto la inversión privada como una mejora sostenida en la calidad del servicio prestado a los usuarios.
En resumen, la administración Milei da un paso más en su estrategia de liberalización económica, optando por desentenderse de los mecanismos de control en un área tan sensible como el acceso al gas envasado, con el objetivo de que el mercado funcione de forma más autónoma. Sin embargo, esta decisión se toma en un momento particularmente delicado, con el país enfrentando temperaturas extremas y con sectores sociales que dependen exclusivamente de la garrafa como fuente de calefacción y cocina. Las repercusiones sociales, políticas y económicas de esta medida aún están por verse.