El Gobierno Nacional anuncia la cancelación de más de 27.000 planes sociales debido a irregularidades

En el marco de la minuciosa revisión de los programas sociales llevada a cabo por el Gobierno, orientada a contribuir a su principal premisa, la del déficit fiscal, se anunció el sábado por la mañana desde el ámbito nacional la decisión de dar de baja a 27,000 planes sociales. La justificación emanada del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, sostiene que los beneficiarios presentaban irregularidades y no cumplían con los requisitos necesarios para recibir estos aportes estatales.

Este nuevo ajuste en los programas sociales surgió a raíz de una exhaustiva verificación de datos interna realizada en la cartera de Pettovello. En el marco de esta investigación, se realizaron cruces de información entre los requisitos de cumplimiento y los titulares de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo, revelando que 27,208 personas no cumplían con los criterios para recibir dichos ingresos y, por ende, se les suspendió el pago de manera inmediata. Esta medida buscó evitar la erogación incorrecta de 2 mil millones de pesos por parte del Estado nacional.

Entre las incompatibilidades detectadas a través del cruce de información entre Anses y el Sinstys (Sistema de identificación nacional tributaria y social), se encontraron beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas de categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos y la posesión de un automóvil con menos de 10 años de antigüedad.

La actual cancelación de los beneficios para los 27,220 titulares se suma a la previa medida que afectó a 159,919 personas que, mientras disfrutaban de lujos como viajes en yates, aviones privados, aerolíneas y autos, también percibían el plan social. Esta última situación llevó al gobierno de Javier Milei, desde el 8 de enero, a tomar la demorada decisión de suspender preventivamente casi 160 mil planes sociales destinados a beneficiarios en situación de extrema vulnerabilidad social, pero que estaban siendo cobrados por individuos que disfrutaban de estos privilegios.

Este recorte adicional implica una reducción significativa de alrededor de 12 mil millones de pesos mensuales en gastos relacionados con planes sociales.