El municipio de Bahía Blanca denunció públicamente que el Gobierno de Javier Milei le exigió abonar sumas millonarias por los puentes de emergencia que el Ejército Argentino había instalado tras el devastador temporal que golpeó la ciudad en marzo pasado. La información fue confirmada por Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas del municipio, quien explicó que el Ejecutivo nacional “cobró al municipio aproximadamente $17 millones por cada puente de emergencia” que se desplegó en las zonas más afectadas. Inicialmente, el municipio había recibido la asistencia con agradecimiento, valorando la ayuda para “reconectar la ciudad”, pero luego Nación condicionó la continuación del servicio al pago de estas elevadas sumas.
Trankels detalló que, además del costo original por cada estructura, la comuna debía incluir un monto adicional destinado al mantenimiento de los puentes modulares instalados por las fuerzas armadas. Según explicó, esta exigencia se convirtió en un requisito indispensable “para continuar con la prestación” del servicio de infraestructura transitoria, obligando al municipio a aceptar los términos impuestos por el Ministerio de Defensa, actualmente a cargo de Luis Petri. El secretario denunció que la firma del convenio se realizó bajo presión, y que la negativa a suscribirlo hubiera implicado la remoción de los puentes, dejando a la ciudad sin estas vías críticas.
Ante esta situación, la intendencia de Bahía Blanca, encabezada por Federico Susbielles (Unión por la Patria), decidió acatar la imposición federal. Trankels justificó la decisión argumentando que se trataba de “resolver un problema acuciante” y que la firma del convenio y el pago eran necesarios para garantizar la continuidad de los puentes, aunque reconoció que “resulta difícil hacer apreciaciones morales” sobre la medida.
Estos puentes, instalados inmediatamente después del 7 de marzo por el Ejército, reemplazaron infraestructura vital destruida por el temporal, con el objetivo de restablecer la conexión entre los barrios más afectados y asegurar el tránsito vehicular y peatonal en un contexto de emergencia.
El episodio se enmarca en una serie de tensiones entre la municipalidad y el Gobierno Nacional respecto a la asistencia posterior al temporal. Previamente, a fines de junio, había surgido otro conflicto cuando el Ejecutivo vetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso que establecía un fondo especial de emergencia para Bahía Blanca, por un monto total de $200.000 millones, reflejando así una relación marcada por disputas y reclamos por recursos y apoyo frente a situaciones críticas.
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