Un grupo de diputados del PRO, compuesto por Silvana Giudici, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Ramón Bianchetti, Florencia de Sensi y Patricia Vázquez, ha presentado una propuesta legislativa para eliminar los beneficios previsionales, honores y tratamientos especiales que actualmente recibe el ex presidente Alberto Fernández.
La propuesta busca modificar la Ley 24.018, que regula las Jubilaciones y Pensiones. Este marco legal, en su primer artículo, establece que el Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de la Nación tienen derecho a asignaciones mensuales vitalicias una vez que cesen en sus funciones.
Silvana Giudici, una de las principales promotoras de este proyecto, argumentó que la norma actual se fundamenta no solo en el desgaste inherente al cargo de Presidente, Vicepresidente o Juez de la Corte Suprema, sino también en el reconocimiento del pueblo argentino hacia la dignidad y el honor de esas altas investiduras. Según Giudici, “esa dignidad debe ser mantenida durante el ejercicio del cargo y es lo que determina la posibilidad de acceder a beneficios y honores tras el cese de funciones”.
Giudici argumentó que cuando dicha dignidad se ve comprometida, como en casos de condenas por malversación de fondos, corrupción o conductas inmorales, es necesario reevaluar los privilegios otorgados. Además, mencionó las denuncias de violencia de género que Fabiola Yañez ha hecho contra Fernández, así como la evidencia presentada por la Justicia en relación con las irregularidades en contrataciones estatales a favor de intermediarios y empresas privadas vinculadas al entorno presidencial.
La ley de jubilaciones, sancionada en 1991, estipula asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, el Vicepresidente y los Jueces de la Corte Suprema. Los diputados proponentes creen que estos beneficios deben ser revocados si los beneficiarios son condenados por delitos cometidos durante su mandato. La propuesta sugiere que, en casos de corrupción, incumplimiento de deberes públicos, o delitos contra la integridad sexual, los beneficios cesarían si la condena es confirmada en segunda instancia.
Además, Giudici y sus colegas destacaron que “la transparencia, la justicia y la equidad deben ser los principios que guíen todas las decisiones y acciones”. Sostienen que la integridad personal de los mandatarios es crucial para mantener la confianza pública y la estabilidad política y económica. La propuesta también contempla el cese de las medidas de seguridad proporcionadas por la Casa Militar al ex presidente, dado que los actos que se le imputan ocurrieron durante su presidencia. La iniciativa será revisada por las comisiones correspondientes, incluida la de Previsión Social.