Miles de vecinos de San Miguel de Tucumán se verán directamente afectados este jueves debido a un nuevo paro de colectivos que dejará prácticamente sin servicio a casi todas las líneas urbanas de la ciudad. La decisión fue adoptada por una asamblea de delegados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), como respuesta a la medida de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que decidió suspender a 150 trabajadores del sector.
De las 14 líneas que operan en la Capital, 13 se sumarán a la huelga, mientras que únicamente la Línea 8 continuará funcionando, dado que la empresa a cargo de esta línea no aplicó sanciones a su personal. La medida comenzó de manera parcial el miércoles por la tarde, después de que fracasara la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de la provincia, instancia en la que se buscaba acercar posiciones entre gremio y empresarios.
El secretario general de UTA Tucumán, César González, indicó que los choferes suspendieron momentáneamente la protesta al cierre de la jornada del miércoles para evitar dejar a los usuarios varados en la vía pública, pero aclaró que el paro se reanudará desde la medianoche del jueves y se mantendrá durante todo el día, mientras el sindicato analiza los pasos a seguir.
La crisis del transporte público en la ciudad se profundiza en medio de reclamos cruzados entre las empresas, el gremio y la Municipalidad. Desde el municipio se cuestiona la calidad del servicio y la falta de cumplimiento de frecuencias, mientras que los empresarios argumentan que la Intendencia no garantiza la sustentabilidad económica del sistema ni controla el avance del transporte ilegal, especialmente Uber Moto.
Aetat señaló que la caída de la venta de boletos, que ronda el 30% en comparación con 2024, sumada al aumento de los costos operativos, pone al sistema en una situación insostenible. Luis García, vicepresidente de la entidad, explicó: “Estamos en un escenario muy complejo. No solo bajó la cantidad de pasajeros, sino que cada vez cuesta más mantener las unidades en condiciones. No pedimos un aumento del boleto, porque eso alejaría más usuarios, pero sí necesitamos un cambio en la forma de financiamiento”.
Como alternativa, los empresarios proponen un esquema de pago “por kilómetro recorrido”, similar al utilizado en Salta y otras provincias. “Si se nos exige cumplir con la cantidad de coches y frecuencias, aunque las unidades circulen vacías, alguien tiene que cubrir ese costo”, argumentaron.
Reuniones de diálogo previas no lograron resultados concretos. El martes se celebró una audiencia en la Secretaría de Trabajo con la presencia del secretario Andrés “Puchero” Galván, donde los empresarios ratificaron las suspensiones y se decidió pasar a un cuarto intermedio e invitar a la Municipalidad a la siguiente reunión. Sin embargo, el municipio justificó su ausencia mediante una nota, lo que generó malestar entre los representantes sindicales.
En la audiencia del miércoles tampoco se avanzó: Aetat mantuvo las sanciones a los choferes y UTA rechazó los argumentos empresariales. González lamentó que “no haya surgido ninguna solución a través del diálogo” y manifestó su disposición a integrar una mesa de trabajo en el Concejo Deliberante para buscar alternativas. Por su parte, el fiscal municipal Conrado Mosqueira explicó que el municipio no es empleador de los trabajadores de las empresas concesionarias, por lo que los conflictos laborales deben resolverse en el marco del Concejo Deliberante.
El paro decretado por UTA afecta exclusivamente a las líneas urbanas de la Capital; los servicios interurbanos y rurales no se ven involucrados. Sin embargo, la medida evidencia la delicada situación del transporte público en Tucumán, donde la demora en los pagos de subsidios, la falta de actualización tarifaria y la disminución de pasajeros generan un escenario de tensión.
“Los trabajadores no pueden quedarse sin salario. Vamos a sostener esta medida hasta que se reviertan las suspensiones y se garantice la estabilidad laboral”, afirmó González. Mientras tanto, los empresarios aseguran que su prioridad es mantener el servicio funcionando, pero remarcan que, sin una reestructuración del esquema económico, “el sistema está en riesgo de colapsar”.
Este paro se suma a una larga serie de conflictos que vienen afectando al transporte público de Tucumán en los últimos años, con un impacto directo en miles de usuarios que dependen del colectivo para trasladarse a sus trabajos, escuelas y hospitales.