El pasado miércoles, un repartidor que trabajaba como motociclista para la plataforma Uber fue atacado por tres jóvenes, quienes, tras amenazarlo con un arma de fuego, le robaron la moto que utilizaba para realizar tanto entregas como transporte de personas.
Posteriormente, la brigada policial de Las Talitas reunió información que indicaba quiénes podrían ser los responsables del robo. Con esa pista, los agentes se dirigieron a una vivienda ubicada en el barrio 180 Viviendas de Villa Mariano Moreno para realizar un operativo.
Mientras la policía estaba en pleno procedimiento, alrededor de setenta motociclistas, colegas del conductor afectado y también asociados a Uber Moto, se presentaron en el lugar. Estos motociclistas intentaron tomar la justicia por sus propias manos, buscando castigar a los responsables del robo por cuenta propia.
Debido a esta situación, los investigadores se vieron obligados a solicitar refuerzos, lo que provocó que una comisión encabezada por el comisario Miguel Carabajal acudiera al sitio. Carabajal explicó: «Intentamos convencer a los motociclistas de que estábamos recopilando pruebas contra los sospechosos y que debían retirarse para no entorpecer el proceso.»
El comisario insistió en que los intentos de los motociclistas por intervenir no solo eran ilegales, sino que también estaban obstaculizando el trabajo tanto de la Policía como de la Justicia. Por esa razón, diez conductores de Uber Moto fueron detenidos por interferir en el allanamiento y por su comportamiento disruptivo.
La situación se intensificó cuando los motociclistas descubrieron que ni el presunto ladrón ni la moto robada estaban en la casa. Enfurecidos, intentaron ingresar al inmueble con la intención de capturar al hermano del sospechoso y, en un momento dado, incluso amenazaron con incendiar la vivienda.
Ante esta amenaza, los policías cumplieron con su deber al impedir que los motociclistas llevaran a cabo sus intenciones, lo que provocó que los manifestantes comenzaran a lanzar piedras contra los agentes.
Finalmente, el conflicto se resolvió cuando las autoridades detuvieron a los motociclistas más agresivos y confiscaron ocho motos para verificar si estaban en regla para circular.
La situación procesal de los motociclistas detenidos será definida en las próximas horas, ya que se enfrentan a acusaciones por obstaculizar una investigación y por resistencia a la autoridad. Además, se descubrió que uno de los detenidos tenía una orden de captura previa relacionada con un caso de violencia de género.
En cuanto al robo de la motocicleta, las fuerzas policiales lograron reunir más pruebas que señalan como responsables a dos individuos conocidos como “Jackie” y “El Mudo”, quienes ya contaban con antecedentes por delitos similares.