Un video que muestra a una mujer explicando a los gendarmes que pagaron para pasar por un control, y a un hombre sugiriendo que todos perderán su trabajo, ha sido captado por un uniformado y ahora está en manos de la Justicia federal. La investigación se centra en determinar si el incendio intencional del colectivo de un tour de compras fue una maniobra para destruir drogas que podrían haber sido transportadas.
El incidente ocurrió ayer a las 8 de la mañana, cuando el micro, que se dirigía hacia nuestra ciudad por la ruta 9, evitó un control rutinario realizado por la Gendarmería Nacional en el puesto de peaje de Molle Yaco. A unos 500 metros del peaje, el personal de la fuerza logró detener el colectivo. Mientras intentaban inspeccionar la carga, un grupo de personas comenzó a provocar disturbios. Tras ser reprimidos, incendiaron el micro y rompieron las ventanillas con piedras. Había menos de diez efectivos para controlar la situación.
Cristian Sobrecasas, jefe de Bomberos de Trancas, comentó a Canal 10: “Fue algo muy inusual. Cuando recibimos el aviso del peaje, salimos de inmediato, pero la gente nos insultaba y trató de evitar que apagáramos el fuego”. Sobrecasas expresó su sorpresa por la falta de interés de los involucrados en proteger sus pertenencias.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez ha iniciado una investigación con dos objetivos principales: confirmar si el colectivo transportaba drogas y averiguar si se pagaron sobornos para eludir los controles. Los choferes del colectivo han sido detenidos, y no se descarta que haya más arrestos.
El colectivo había salido de Orán la noche del lunes y regresó ayer. El viaje, coordinado por una persona conocida como “Papichulo”, incluyó a unas 40 personas que abandonaron rápidamente el lugar. Se ha establecido que los pasajeros compran mercadería al por mayor en Bolivia para revenderla en la provincia, invirtiendo hasta $1 millón en cada viaje.
Parece que los pasajeros podrían haber entregado dinero al coordinador para evitar los controles. Al no cumplir con su parte del acuerdo, decidieron destruir el micro. La investigación se centra en dos posibles puntos donde pudo haberse producido el arreglo: uno en Los Naranjos, cerca de Rosario de La Frontera, y otro en Cabo Vallejo, en el límite provincial. Todo apunta a que los involucrados serían efectivos de la Gendarmería Nacional, indicando un posible acuerdo más amplio.
Testigos han indicado que el colectivo pudo haber evitado el peaje con un simple cambio de luces. Se solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad para confirmar esta información.
El juez también ha tomado varias medidas: se realizarán pericias para verificar si el colectivo transportaba marihuana o incluso cocaína, como en un caso reciente donde se encontraron 15 kilos de cocaína en un vehículo en Santiago del Estero. Además, se identificará a todos los pasajeros del colectivo para obtener más información y localizar al coordinador “Papichulo”.