A partir de 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembros establecieron al 30 de julio como el «Día Mundial contra la Trata», de acuerdo al Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas. El objetivo de la fecha es concientizar “sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos».
En Argentina, se sancionó en 2008 la ley 26.364 de «Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Además de convertir a la trata en un delito penado, se creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a víctimas. Cuatro años después, se reformó esa normativa a través de la ley 26.842.
En ese marco, se modificó el mínimo previsto para el delito (pasó de tres a cuatro años de prisión) y se crearon el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, donde diversas áreas del Gobierno intercambian información e impulsan proyectos para mejorar la respuesta del Estado frente a la prevención y persecución del delito.
Dentro del Ministerio Público Fiscal se creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Su tarea abarca desde investigar y colaborar con las pesquisas de otras fiscalías y/o juzgados hasta llevar un registro de las investigaciones y de las estadísticas en la materia a nivel nacional. Otra de sus funciones es la de elaborar guías y protocolos de actuación, y llevar adelante las capacitaciones necesarias para fortalecer la prevención, investigación y sanción de este delito.
En esa línea, PROTEX participó del debate legislativo por la sanción de la ley 27.508, que creó el fondo fiduciario público destinado a la asistencia directa a víctimas del delito, e integrado por fondos líquidos decomisados y el producido de la venta de bienes decomisados en causas por el delito. Uno de los aportes de la Procuraduría consistió en el impulso a que se incluya la provisión que establezca que las sentencias judiciales por el delito de trata deberán fijar de oficio, o a pedido del fiscal, la restitución económica a las víctimas. En el debate del proyecto participó también la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que encabeza María del Carmen Chena.
La ley se reglamentó en diciembre de 2019 y desde la creación del fondo, 170 víctimas recibieron por parte de los tribunales orales federales una suma en concepto de restitución económica.
Avances en los últimos diez años
En los últimos años, las investigaciones se profundizaron con el objetivo de alcanzar los niveles más altos de las organizaciones criminales y el avance en cuanto a los móviles económicos detrás del delito. Dentro de las investigaciones, se ha profundizado el enfoque en derechos humanos y con perspectiva de género, para considerar las múltiples formas de discriminación y violencia por motivos como el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico y la cultura, entre otros.
Entre 2012 y 2022 se dictaron 376 sentencias condenatorias: el 74,2% fueron por trata con fines de explotación sexual. Dentro de las 742 personas que fueron condenadas, un 63% eran hombres. En este mismo período, se identificaron a 1545 víctimas y el 76,7% eran mujeres.
Trata de personas y lucha contra la corrupción: el trabajo articulado entre PIA y PROTEX
En el marco del Día Mundial contra la Trata, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo de Sergio Rodríguez, puntualiza que la corrupción de funcionarios públicos como policías, agentes migratorios, inspectores municipales es un elemento central que permite que las redes de trata de personas operen y perduren en el tiempo.
Esta situación puede darse en cualquiera de los eslabones de la cadena delictiva, ya sea en la captación, traslado, acogida y explotación así como en la cadena de justicia por encubrimiento o incluso obstrucción, y en las dependencias encargadas de la protección de víctimas y testigos.
La PIA trabaja sobre la corrupción facilitadora de la trata en el ámbito de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP y a nivel local para construir información diferenciada sobre participación de funcionarios públicos en hechos de trata y explotación de personas, generar articulaciones institucionales con gobiernos y organismos de control locales para combatir la corrupción asociada a la trata en el nivel provincial y municipal, ampliar la detección temprana de casos de corrupción administrativa asociada a la trata y explotación de personas e intervenir en casos.
Estas acciones forman parte de un trabajo articulado que se realiza junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), para fortalecer con herramientas y estrategias conjuntas un abordaje amplio contra el delito de trata.
Datos sobre la corrupción en la trata de personas en Argentina
El análisis de la jurisprudencia de la Casación Federal entre 2012 y 2021 en casos de trata de personas con participación de funcionarios públicos muestra que en el 96% de los casos quienes se ven involucrados son fuerzas de seguridad y agentes municipales, principalmente en el eslabón de explotación (93% de los casos).
Respecto de las conductas se observa una preeminencia de tareas de seguridad y protección de lugares de explotación sexual y el otorgamiento de licencias de habilitación de locales, así como de libretas sanitarias con controles ginecológicos periódicos a mujeres que se encontraban en esos locales. También la omisión de controles o la ejecución controles deficientes, ya sea de inspecciones de organismos municipales como de fuerzas de seguridad.
En menor medida, se identificaron conductas activas como falsificación de actas y documentación, así como ignorar deliberadamente medidas de clausura sobre locales de explotación o poner de sobreaviso a tratantes de medidas investigativas.
En ese sentido, la PIA publicó un informe sobre este relevamiento y mantiene una base de jurisprudencia actualizada sobre casos de trata con participación de funcionarios públicos.
En algunos casos, se hace mención a la percepción de una retribución económica por parte de los funcionarios, por lo que se ha investigado posible cohecho pasivo, y en otros casos se alude a que se retribuiría en “pases”, sugiriendo formas de ejercicio de la sextorsión.
Este término fue popularizado por la Asociación internacional de Juezas (IAWJ) como “forma de corrupción en la que el sexo, en lugar del dinero, es la moneda del soborno”. En algunas ocasiones se usa el término “corrupción con moneda de cambio sexual” o directamente “corrupción sexual” para evitar equívocos debido a que en algunos países la palabra sextorsión se utiliza para referir al chantaje sobre exhibición de imágenes sexuales de manera no consentida por medios digitales.
La sextorsión se da en distintos contextos: desde la trata y el tráfico de personas, el ámbito laboral de la administración pública, contextos de encierro y sistema penitenciario, en la entrega de planes sociales y en el sistema de salud. En particular, los contextos de ocurrencia de la sextorsión en mercados criminales de delincuencia compleja como la trata de personas presenta particularidades que requiere previsiones especiales respecto de las víctimas.
En la última reunión de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP, que organizó el Ministerio Público Fiscal de la Nación y se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de marzo en Buenos Aires, se acordó elevar una recomendación para ser aprobada por la Asamblea de la AIAMP sobre la tipificación de la sextorsión en los ordenamientos jurídicos internos de los países iberoamericanos teniendo en cuenta las peculiaridades legislativas de cada Estado.
También la AIAMP junto a EUROsociAL trabaja en avanzar en la elaboración de políticas conjuntas que releven la necesidad de incorporar la corrupción y la ruta del dinero de organizaciones criminales en investigaciones relacionadas con la trata de personas. En ese sentido y en el marco del Día Mundial contra la Trata, la AIAMP presentó un material audiovisual con testimonios del fiscal anticorrupción y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, la fiscal de la PIA Andrea Garmendia Orueta, la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Marcelo Colombo, ambos cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, PROTEX.
Articulación con niveles provinciales y locales en campañas de sensibilización y capacitación
La información sistematizada por la PIA respecto de la participación de funcionarios públicos en casos de trata, demostró que en muchos casos se involucran agentes municipales o provinciales, por lo que intervienen distintos organismos y regímenes de control, por lo que resulta fundamental articular y fortalecer la capacitación con múltiples dependencias.
La PIA preside el Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción y coordina en su seno un grupo para generar acciones a nivel local para combatir la corrupción que facilita la trata de personas, replicando los lineamientos discutidos en el ámbito de la Red de Corrupción de la AIAMP.
Este grupo, integrado por las FIA de Chaco, La Pampa y Río Negro, las OA de Jujuy y Chubut y el municipio de Rosario y coordinado por la PIA, ha publicado un informe con recomendaciones sobre la temática.
Actualmente se encuentra desplegando actividades de sensibilización y capacitación con municipios, policías locales y dependencias de los ejecutivos provinciales en las distintas jurisdicciones que participan del proyecto.