Diversas Universidades Públicas Nacionales han informado a sus empleados sobre un cambio en la forma en que recibirán sus salarios, dejando de efectuarse en la fecha tradicional del último día hábil del mes y posiblemente retrasándose al menos una semana, según informa un cable de la agencia Noticias Argentinas.
El ajuste se implementó rápidamente en provincias y entidades públicas luego de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa el pasado viernes, donde anunció la reducción del paquete fiscal de la Ley Ómnibus.
Cuando se le preguntó si el ajuste sería más significativo y afectaría a todos, el titular del Palacio de Hacienda respondió afirmativamente. Esta perspectiva ya había sido sugerida por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el martes anterior, al comunicar que «el BCRA nos informa que quedó fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes».
A partir del 1 de febrero, las provincias ya no podrán endeudarse con bancos provinciales (generalmente el Nación o el de cada provincia) para pagar salarios o cubrir déficits. Aunque esta práctica había sido autorizada durante varios años, la última prórroga aprobada por el Banco Central en enero de 2023 (Comunicación “A” 7674) no será renovada.
Con esta noticia, comenzaron a llegar correos electrónicos a los empleados de las universidades públicas, anunciando la situación. Por ejemplo, los empleados de la Universidad Nacional de San Luis fueron notificados a través de un comunicado que el Banco de la Nación Argentina, su agente financiero, no podría cumplir con el convenio de pago de salarios firmado anteriormente.
La cláusula del convenio referente al adelanto de nómina salarial sin costo financiero, que permitía a la UNSL y a otras instituciones abonar los salarios a finales de cada mes, fue revocada. El comunicado explica que esto llevó a que, bajo la administración actual, los salarios se cobraran los días 29, 30 o 31 de cada mes, con el Ministerio de Economía girando los fondos el tercer día hábil del mes siguiente.
Ante esta situación, la universidad anunció que iniciarán gestiones ante las autoridades nacionales para resolver el problema. Sin embargo, en caso de no tener éxito, advirtieron que los salarios correspondientes a enero de 2024 no podrán pagarse en los últimos días del mes como era habitual, sino que deberán esperar a que los fondos estén acreditados, sin poder precisar la fecha exacta al momento del comunicado, estimando que será dentro de los primeros 10 días del mes. Comunicaciones similares fueron enviadas desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad Nacional de las Artes (UNA) y Universidad Nacional de San Juan.
El comunicado A7674
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió no extender la autorización que tenían los bancos provinciales a otorgarles créditos a los gobiernos locales, que en su amplia mayoría estaban destinados a financiar los desequilibrios de las cuentas de cada jurisdicción.
A través de la Comunicación “A” 6816, referida al “Financiamiento al sector público no financiero. Adelantos transitorios al sector público no financiero”, el Banco Central informó el 28 de octubre de 2019, inmediatamente después de las elecciones presidenciales de aquel año, que “se considerará –adicionalmente– como concepto excluido a los fines del cómputo de los límites básicos individuales y globales establecidos en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio (…) a las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal”.
Esta resolución se fue prorrogando año tras año, la última vez el 19 de enero de 2023 a través de la Comunicación “A” 7674, que vencerá el 31 de enero de este año y no será extendida.
La decisión se dio a conocer en medio de la pelea con los gobernadores por la aprobación de la Ley de Bases y el envío del proyecto para reponer el impuesto a las Ganancias para los asalariados. A partir del 1 de febrero, se empiezan a ver las consecuencias, con el retraso en el pago de los sueldos de universidades, pero que puede afectar a distintos niveles de entes públicos, como hospitales, y hasta municipios