Ser senador nacional en Argentina es percibido por algunos como un negocio lucrativo. Un intendente de una localidad de Tucumán, cuya esposa es senadora y tiene otros familiares trabajando en el estado provincial, ironizó al comparar el cargo con una pequeña empresa familiar. Actualmente, un senador de la Nación recibe un salario bruto de $7.800.000, además de gestionar un fondo mínimo de $15.387.386 destinado a la contratación de personal. Esta cantidad puede incrementarse considerablemente si el senador es parte de más de una comisión o si ocupa un cargo jerárquico, como es el caso de Bartolomé Abdala, un legislador libertario que preside provisionalmente la Cámara. Abdala se vio envuelto en una polémica esta semana al admitir que 15 de sus 20 asesores trabajan en San Luis apoyando su campaña electoral para gobernador.
En Argentina, hay un total de 72 senadores. Aparte del sueldo base, que incluye beneficios como gastos de representación, pasajes aéreos y viáticos, cada uno de ellos dispone de 4165 módulos por despacho. Cada módulo tiene un valor de $2096, lo que significa que cada senador cuenta con al menos $8.729.840 para contratar asesores. Si el legislador participa en comisiones adicionales, los ingresos aumentan, ya que por ese trabajo legislativo reciben otros 3173 módulos, equivalentes a $6.650.608, que también pueden destinarse a la contratación de personal para cumplir funciones parlamentarias. Además, es posible que los senadores reciban módulos adicionales, lo que les permite asignar aún más dinero para contratar personal. Este es el caso de Abdala, cuyos 20 asesores representan un costo mínimo para el Estado de $26.976.139, sin incluir otros pagos como antigüedad, permanencia, títulos universitarios o viáticos. Estos datos provienen del portal de datos abiertos del Senado y de planillas administrativas a las que accedió el diario La Nación.
La polémica desatada por Abdala generó incomodidad dentro del Gobierno, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión para removerlo de su cargo. Manuel Adorni, vocero presidencial, expresó su malestar por el uso político que el senador puntano hace de su personal. Según Adorni, “los asesores legislativos deben dedicarse a analizar, diseñar, proponer y ayudar a los legisladores a desarrollar su labor. Cualquier función fuera de esto está mal y debe corregirse. Y esto no es exclusivo del caso de Abdala”. Esta fue la primera respuesta oficial tras la entrevista en la que Abdala reconoció que tiene a 15 asesores trabajando en su campaña electoral en San Luis. “Mi deseo es ser gobernador, y para eso necesito mantener presencia en el territorio”, justificó el senador.
Con estas declaraciones, Abdala expuso el manejo de los fondos que administran los 72 senadores para contratar asesores y llevar a cabo actividades políticas en sus respectivas provincias.
En total, en el Senado trabajan 6402 personas, distribuidas entre empleados parlamentarios y administrativos. Esta cifra contrasta con la Cámara de Diputados, donde, a pesar de haber más legisladores (257 en total), hay menos personal, con 4551 empleados, según los datos disponibles en el sitio web de la cámara.
Cuando se comparan los números entre ambas cámaras, surgen varias diferencias que han generado tensiones entre los legisladores. La diferencia principal es la salarial: mientras que el sueldo bruto de un diputado nacional es de $5.900.000, estos no reciben el beneficio de un salario número 13, un privilegio que los senadores aprobaron en una sesión rápida a principios de año. Además, los diputados disponen de menos módulos por legislador, específicamente 2432 módulos, lo que representa $5.097.472 para la contratación de personal.
El salario bruto de los asesores también varía según la categoría. El asesor de mayor rango recibe un salario de $2.031.702 (a agosto de este año), mientras que el de menor categoría percibe $576.592. A esto se le suman adicionales que pueden aumentar entre un 20% y 30% el sueldo final. Los asesores reciben un 20% extra por poseer un título profesional y un 14% por un segundo título. Además, hay un 10% adicional por otras funciones, a lo que se suman antigüedad, viáticos y reintegros por gastos en alimentos. También hay una diferencia entre ambas cámaras: en el Senado se paga un adicional por una norma de calidad ISO 9000, otro ejemplo de cómo este sistema de poder estatal se estructura de manera que se asemeja a un negocio.