María Emilia Salomone, dueña del Instituto Puente, y el taxista Ernesto Gastón Drube enfrentan acusaciones relacionadas con una amenaza de bomba que ocurrió en el colegio San Francisco en agosto. Recientemente, el juez Fernando Zottoli dictó prisión preventiva para ambos y les impuso una inhibición de bienes. Sin embargo, sus defensores, José Ignacio Ferrari y Mariana Merletti de la Defensoría Oficial, impugnaron esta decisión.
“Estoy detenida sin haber hecho nada; estoy acá solo por tener una red de wifi a mi nombre para que mis alumnos y docentes puedan trabajar; ¿Eso es justicia?”, manifestó la imputada, en una audiencia judicial que llevó a cabo en el dia de ayer.
Ese día, el juez Agustín Puppio consideró admisibles los reclamos y optó por levantar la inhibición de bienes y reemplazar la máxima cautelar por el arresto domiciliario.
En cuanto a las declaraciones de los acusados, Salomone afirmó ser propietaria de un colegio y destacó su compromiso con la enseñanza de valores. Señaló que su conducta es intachable y cooperó plenamente con la investigación, incluso permitiendo registros en su instituto y su hogar. Explicó que padece cáncer de piel y logró que el juez Zottoli ordenara su internación en un hospital, aunque inicialmente tuvo que pasar sus primeros días en una sede de Delitos Telemáticos debido a la falta de espacio adecuado. Insistió en que trabajar en el instituto es lo que la mantiene bien a pesar de su enfermedad y que no debe vivir encerrada por tener cáncer. También mencionó que la detuvieron debido a que alguien utilizó la conexión wifi de su instituto para realizar la amenaza y cuestionó si tendría motivos para intimidar a una escuela siendo propietaria de una institución educativa.
Por su parte, Drube, implicado por ser propietario del teléfono desde el cual se habría enviado el correo amenazante, afirmó ser inocente y enfatizó que tiene hijos que asisten al colegio en cuestión. Aseguró que no tiene motivos para cometer tal acto y resaltó que no ha hecho nada incorrecto, admitiendo que el teléfono estaba a su nombre y participando en las audiencias, donde finalmente se ordenó su detención.
El juez, después de escuchar a ambas partes, no otorgó la libertad que solicitaban para los acusados, pero aceptó la petición subsidiaria de que cumplan los 14 días restantes de su detención en sus domicilios.