Un grupo de intendentes de toda Argentina, representados por la Federación Argentina de Municipios (FAM), se reunió el miércoles por la tarde en la sede de la entidad en Buenos Aires y solicitó al Gobierno de Javier Milei «medidas urgentes para detener la catástrofe que estamos experimentando». Los más de 500 participantes decidieron pedir una reunión «muy urgente» con el Presidente, considerando que «esto es una necesidad urgente».
En un comunicado de prensa, advirtieron que, de no ser recibidos, los intendentes iniciarán acciones legales en cada provincia por la quita de subsidios al transporte público, lo que llevaría el precio del boleto a alrededor de mil pesos.
Además del reclamo por el transporte, los jefes comunales también expresaron su preocupación por la eliminación del incentivo docente, lo que pone en peligro el inicio del ciclo lectivo en todo el país. También se quejaron de que el gobierno nacional no ha enviado alimentos a los comedores comunitarios desde que Milei asumió la presidencia.
Los intendentes, en su mayoría afines al peronismo y liderados por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, han tenido conflictos con la administración libertaria. Recientemente, se enfrentaron por la eliminación del subsidio al transporte, que afectará el precio de los boletos. Anteriormente, la FAM había presentado una demanda judicial contra el DNU de desregulación económica presentado por el presidente Milei.
En un comunicado, la FAM expresó que «los municipios tenemos la obligación de escuchar y dar respuestas a nuestros vecinos y vecinas. Ante el panorama de mayor pobreza y altísima inflación, nos vemos en la obligación de alertar y exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que estamos viviendo». También instó a Milei a «respetar la Constitución Nacional, la división de poderes y el federalismo».
El documento difundido después del encuentro mencionó que «articular de manera colectiva, desde las gestiones locales, es nuestra prioridad hoy para dar respuestas urgentes a las demandas de las vecinas y vecinos de los municipios de todo el país, sin distinción ideológica ni partidaria».
Los intendentes y funcionarios que se reunieron
Además de Espinoza, estuvieron presentes los intendentes bonaerenses Mayra Mendoza (Quilmes), Gustavo Menéndez (Merlo), Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Achával (Pilar), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Gastón Granados (Ezeiza), Gustavo Barrera (Villa Gesell) Marisa Fassi (Cañuelas), Juan de Jesús (La Costa) , Juan Andreotti (San Fernando), Mario Secco (Ensenada), Juan Ustarroz (Mercedes) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros.
También participaron del encuentro la jefa comunal María Emilia Soria (General Roca-Río Negro), Ricardo Lemos (Laguna Blanca-Formosa), Susana Zenteno (Valle Viejo-Catamarca), Matías Espejo (Jachal-San Juan), Martín Ascua (Paso de Los Libres-Corrientes), Roger Neadini (La Banda-Santiago del Estero), Pablo Graso (Río Gallegos-Santa Cruz) y Matías Stevanato (Maipú-Mendoza). A la reunión de la FAM también asistieron los funcionarios bonaerenses Alberto Sileoni (Educación) y Silvina Batakis (Ambiente).
Cuestionamientos de los intendentes
La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó en un comunicado dirigido a los municipios su «extrema preocupación» por lo que considera un enfoque «antifederal y extorsivo» adoptado por el Gobierno nacional a través de medidas que han tenido un «impacto sin precedentes en la vida de cada vecina y vecino de nuestras ciudades».
A principios de febrero, la FAM había manifestado su «alarma» ante las medidas económicas implementadas por la administración de Milei. En ese momento, la entidad advirtió sobre el «panorama inminente de mayor pobreza y altísima inflación», y demandó a las autoridades nacionales que tomaran medidas urgentes para evitar una «catástrofe». La FAM alertó que las jurisdicciones provinciales y municipales estaban siendo atacadas de manera inescrupulosa, generando un impacto considerable en la vida de cada ciudadano argentino.
Entre las críticas, la Federación reprochó al Gobierno nacional por no enviar alimentos a los comedores comunitarios, lo que, según indicaron, ha provocado un aumento del 30% en la demanda en estos establecimientos debido al incremento en el precio de los alimentos y la disminución de los ingresos de la clase media y los sectores populares.
En cuanto al transporte, los intendentes agrupados en la FAM señalaron que el Poder Ejecutivo ha suspendido «todas las transferencias a las provincias» en este ámbito, lo que ha sido cuestionado por afectar a «los millones de trabajadores, estudiantes y jubilados».