Un episodio cargado de tensión sacudió al Servicio Penitenciario de Tucumán luego de que se filtrara una lista que contenía los ascensos previstos para un grupo de agentes de la institución. Lo que en principio parecía un simple error administrativo terminó escalando hasta transformarse en un verdadero escándalo, amplificado por publicaciones en redes sociales, discusiones internas, denuncias formales y hasta amenazas directas contra uno de los funcionarios responsables del área.
La denuncia inicial fue realizada por Nelson Orlando Salcedo, jefe del área de Personal, quien decidió llevar la situación a instancias formales tras constatar que el documento, considerado de carácter reservado, había comenzado a circular por vías informales. En su exposición, Salcedo señaló como principal responsable a un cabo primero de la fuerza, en cuyo estado de WhatsApp aparecieron fotografías de la nómina filtrada. Ese material, que debía resguardarse bajo estricta confidencialidad, se convirtió en pocos minutos en tema de comentarios entre los miembros del servicio.
El cabo en cuestión intentó despegarse de la responsabilidad directa, argumentando que la publicación se había debido a un descuido de su hija, quien supuestamente habría subido las imágenes al estado de la aplicación sin su consentimiento. Pese a esta explicación, la institución resolvió aplicar medidas disciplinarias: el uniformado fue trasladado de área como sanción inmediata y, además, se inició un sumario administrativo para determinar con mayor precisión el alcance de su accionar y la posible intencionalidad detrás de la filtración.
No obstante, lo que encendió aún más las alarmas dentro del Servicio Penitenciario fue un hecho paralelo que se desprendió de la filtración: Salcedo recibió en su casilla de correo electrónico un mensaje anónimo con un tono de amenaza explícita. Según relató el propio funcionario, la intimidación se vinculaba directamente con la difusión del listado de ascensos y parecía tener como objetivo presionarlo o amedrentarlo en el marco de la investigación.
Este nuevo elemento elevó la gravedad del caso, ya que ya no se trataba únicamente de un incumplimiento a las normas internas de confidencialidad, sino de un episodio con posibles implicancias penales, en el que la seguridad personal de un funcionario estaba en juego. A raíz de ello, las autoridades comenzaron a indagar sobre la procedencia del correo electrónico y a evaluar si las amenazas provenían de integrantes de la propia institución o de terceros vinculados.
En paralelo, el escándalo continuó generando repercusiones dentro y fuera de la fuerza. La lista de ascensos, que debía permanecer reservada hasta su publicación oficial, circuló entre los agentes y alimentó malestar, especulaciones y reclamos, lo que deterioró aún más el clima interno.
De esta manera, lo que en apariencia era un trámite administrativo regular terminó destapando una crisis interna en el Servicio Penitenciario de Tucumán, donde ahora confluyen una investigación disciplinaria, un sumario administrativo, denuncias formales y una amenaza contra un funcionario clave. El caso sigue abierto y las autoridades buscan esclarecer tanto la filtración como las intimidaciones que surgieron a raíz de ella.