A partir del mes de agosto, las familias tucumanas con hijos en colegios privados deberán enfrentar un nuevo incremento en las cuotas escolares. Este ajuste se vincula directamente con el reciente decreto que establece mejoras salariales para el personal docente, lo que obliga a las instituciones educativas a recalcular sus estructuras de costos.
Diversas entidades representativas del sector educativo privado han confirmado que, aunque todavía no hay un consenso general respecto al porcentaje final del aumento, la suba será inevitable. En este contexto, ya comenzaron los análisis internos en cada establecimiento para determinar cómo trasladar el impacto económico a las tarifas que pagan los padres.
En el caso de los colegios parroquiales, el delegado episcopal de Educación del Arzobispado de Tucumán, Daniel Nacusse, anticipó que el aumento rondaría el 10%. Esta actualización también abarcaría al personal no docente, un sector cuyo salario no había sido modificado a lo largo del año. Según Nacusse, este reajuste busca compensar esa falta de actualización.
Desde la Asociación de Instituciones Privadas Educativas de Tucumán (Asipet), su flamante presidente, Ariel Torres, coincidió en que el aumento es ineludible, aunque aclaró que el porcentaje definitivo aún no puede establecerse. «Los sueldos de julio ya deben abonarse en agosto con el incremento correspondiente, pero el decreto que fija ese aumento suele publicarse a fin de mes. Por eso, debemos aguardar para calcular el verdadero impacto», explicó Torres.
En base a proyecciones preliminares, se estima que el incremento podría situarse por encima del 12%, como resultado de distintos factores acumulativos: el decreto oficial, un ajuste anticipado del 5% y otro adicional del mismo valor. José Montero, responsable de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica —que agrupa instituciones como Fasta y los colegios salesianos— señaló que cada establecimiento realizará su propio análisis financiero, aunque desde su entidad procuran sugerir un promedio orientativo para evitar disparidades excesivas.
Una dificultad añadida al panorama es la heterogeneidad de criterios entre las distintas agrupaciones que representan a los colegios. Por ejemplo, Faera, la federación que nuclea a los colegios congregacionales, implementará el aumento siguiendo lo dispuesto en la Resolución 419, que utiliza un método de cálculo distinto. Según Nacusse, este sistema arroja porcentajes diferentes a los utilizados por otras entidades, lo que impide una aplicación uniforme.
Por su parte, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, expresó su preocupación por el impacto que los aumentos pueden tener en la economía de las familias. En sus palabras, “esta es una situación constante de tensión entre las necesidades de las instituciones y la capacidad de pago de los padres”. Montaldo apeló a la comprensión mutua y pidió esfuerzos compartidos para sortear esta etapa complicada.
Asimismo, la titular de la cartera educativa resaltó la necesidad de revisar el cumplimiento del cupo obligatorio de becas (5%) que impone la legislación vigente. Afirmó que aún persisten “problemas estructurales heredados de la gestión anterior”, los cuales dificultan tomar decisiones con la celeridad deseada.
La funcionaria también recordó que desde 2006 el nivel secundario es obligatorio, y subrayó que la provincia ha experimentado un notable incremento en la cantidad de escuelas secundarias, pasando de 60 a más de 100 en los últimos años. A pesar de ello, mencionó que se mantiene una tasa de abandono escolar o repitencia en torno al 7%, por lo que insistió en que el objetivo principal sigue siendo garantizar que los estudiantes completen sus estudios.
En resumen, aunque aún no se conocen los valores definitivos, se avecina un nuevo ajuste en los aranceles de los colegios privados de Tucumán, que comenzará a regir en agosto y que impactará directamente en el presupuesto familiar en la segunda mitad del ciclo lectivo. Las instituciones, en tanto, siguen definiendo los porcentajes mientras intentan equilibrar la necesidad de cubrir sus costos con la realidad económica de las familias.