Desde su última actualización hace 15 meses, el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados ha sufrido una pérdida de más del 40% en su capacidad adquisitiva frente al avance de la inflación. Este monto, congelado desde marzo de 2024, se ha visto fuertemente deteriorado por el aumento sostenido de los precios. Si se analiza su valor real en junio de 2024, se observa que el poder de compra del bono ha disminuido aproximadamente un 29% en términos interanuales.
De acuerdo con estimaciones de la consultora Analytica, para que este refuerzo económico mantuviera hoy el mismo poder adquisitivo que tenía en su última actualización, debería ascender a unos $116.600. Esta notable brecha entre el valor actual y el necesario para compensar la inflación refleja no solo el impacto económico que recae sobre los beneficiarios, sino también las falencias del esquema de ayuda vigente.
Esta pérdida de valor preocupa especialmente a los sectores más vulnerables, como jubilados y pensionados, que enfrentan serias dificultades para cubrir necesidades básicas. La falta de ajuste del bono evidencia la debilidad del sistema de asistencia que debería protegerlos en un contexto económico adverso.
Durante junio, prestaciones como jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) registraron un incremento del 2,8%, en consonancia con la inflación de abril medida por el INDEC. Como resultado, el haber mínimo se estableció en $304.783,23. Sin embargo, este aumento no contempla el bono adicional de $70.000, que continúa congelado y perdiendo valor mes a mes.
Los aumentos mensuales en estos beneficios se rigen por la fórmula de movilidad establecida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24, que ajusta los haberes según la variación mensual de los precios. Esta fórmula alcanza a cerca de 6 millones de personas, de las cuales el 52% percibe el haber mínimo, por lo que cualquier demora en la actualización del bono afecta directamente a una gran porción de la población adulta mayor.
En paralelo, la Cámara de Diputados discute una serie de proyectos orientados a mejorar la situación previsional. Entre las iniciativas en debate se incluyen propuestas para incrementar los haberes jubilatorios y reemplazar la actual moratoria previsional. El dictamen de mayoría corresponde al proyecto presentado por Unión por la Patria (UP), que impulsa un aumento del 7,2% a partir de la sanción de la ley, además de proponer una suba del bono para jubilados al mínimo, llevándolo a $115.000.
No obstante, desde el Ejecutivo ya se anticipó que cualquier iniciativa legislativa que implique una mejora en los haberes previsionales será vetada, bajo el argumento de que podría comprometer el equilibrio fiscal.
En ese sentido, el oficialismo impulsa la conformación de una comisión técnica que analice el sistema jubilatorio actual y proponga una reforma estructural del régimen de jubilaciones y pensiones. Esta modificación forma parte de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la expectativa de ser implementada hacia el año 2026.