En el contexto de su plan de ajuste del Estado, el presidente Javier Milei tiene previsto firmar, posiblemente este martes, otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecerá la no renovación de los contratos de aproximadamente siete mil empleados públicos que ingresaron a partir de enero de este año. Asimismo, la medida implicará una revisión de la situación de aquellos empleados que se incorporaron antes de esa fecha.
El DNU, que se espera sea publicado el martes, afectará a empleados de diversas áreas gubernamentales, excluyendo únicamente a aquellos que desempeñan funciones en empresas o sociedades estatales. El primer artículo del DNU especifica que las contrataciones de personas que iniciaron sus servicios a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas en los organismos contemplados en la ley 24.156.
La medida abarcará a empleados transitorios y de otras modalidades de contratación que finalicen al 31 de diciembre de 2023 en la administración nacional, así como en entidades públicas como la ANSeS, el PAMI y la AFIP. Se excluyen de la medida los empleados de planta permanente y aquellos cuyos contratos derivan de cupos regulados por ley u otras protecciones especiales, así como aquellos que hayan cambiado su modalidad laboral desde antes del 1 de enero de 2023.
El DNU permitirá la renovación de contratos de manera restrictiva y fundamentada, solo si el titular de cada jurisdicción evalúa que es indispensable para el funcionamiento de la misma, destacando que la continuidad deberá ser necesaria por razones impostergables de funcionamiento. Las autoridades competentes de cada área deberán realizar un relevamiento exhaustivo de los empleados que ingresaron antes del 1 de enero de 2023 para evaluar su continuidad.
En caso de renovación, la decisión deberá estar fundamentada, demostrando la necesidad de mantener al trabajador, y el contrato no podrá extenderse por más de noventa días corridos. Todas las áreas del Gobierno deberán informar al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el cumplimiento del DNU en un plazo determinado, quien podrá dictar normas complementarias y aclaratorias necesarias para su aplicación.
El Gobierno justifica la medida señalando que las contrataciones realizadas por el Estado Nacional se acercan a su vencimiento de doce meses, según la normativa vigente, y que esta decisión se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, que modificó la ley de Ministerios para racionalizar recursos, obligando a revisar todas las contrataciones efectuadas.
Además de esta medida, se espera que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un paquete de proyectos durante la semana, para su tratamiento en sesiones extraordinarias convocadas del 26 de diciembre al 31 de enero. Entre los puntos a tratar se encuentra la restitución de las escalas del impuesto a las Ganancias anteriores a las modificaciones impulsadas meses atrás, la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, y la sanción de la congelación de salarios de empleados públicos, incluyendo la posibilidad de reducir el salario de algunos de alta jerarquía.