El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó este jueves que una de las compañías líderes en el rubro de alimentos en Argentina decidió anular la última lista de precios que había enviado a los supermercados, la cual contemplaba subas que oscilaban entre un 9% y un 12%. Según el funcionario, se trató de una decisión acertada y celebró la respuesta tanto de la empresa como del sector comercial: “Molinos canceló la totalidad del aumento. Fue una reacción positiva. Y, sobre todo, destaco la excelente actuación de las cadenas de supermercados, que demostraron estar del lado de sus clientes”, expresó Caputo a través de una publicación en la red social X (antes Twitter).
El día anterior, el propio ministro había informado que las principales cadenas de supermercados del país habían tomado la determinación de rechazar la recepción de productos ofrecidos por las firmas Unilever y Molinos, bajo las nuevas condiciones de precios, como respuesta al incremento aplicado en sus listas.
En los primeros días de la semana —particularmente tras la implementación del levantamiento del cepo cambiario dispuesto por el Gobierno nacional a partir del lunes— se generaron reclamos desde el sector de los pequeños y medianos comerciantes, especialmente almacenes y autoservicios, quienes denunciaron que los proveedores comenzaron a distribuir mercadería con aumentos considerables en sus precios. Esto, argumentaban, se debía a maniobras especulativas asociadas a una eventual suba en la cotización del dólar oficial.
Distintas compañías que se dedican a la producción y comercialización de bienes esenciales para el consumo cotidiano —con énfasis en los rubros de alimentación y limpieza— decidieron ajustar sus precios bajo la presunción de que el dólar alcanzaría valores cercanos al límite superior de la banda establecida, que llega a los 1400 pesos. Entre las firmas que aplicaron estos cambios, además de Molinos Río de la Plata y Unilever, se mencionó a Aceitera General Deheza (AGD), SC Johnson y Morixe, según consignó el diario La Nación.
Ante esta situación, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, remarcó que los aumentos no tienen fundamentos válidos: “No hay ninguna razón, ya sea en el plano cambiario o impositivo, que justifique los ajustes que algunos actores intentan trasladar al consumidor final. Estas listas serán rechazadas por supermercados grandes, medianos, regionales y también por los comercios de barrio. El gobierno de Javier Milei no dará lugar a actitudes especulativas”, advirtió con firmeza.
En la misma línea, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) difundió un comunicado oficial donde reafirmó su compromiso con el control de precios y su rechazo a incrementos que consideren excesivos o arbitrarios por parte de los proveedores. “Nuestro objetivo es no convalidar listas con aumentos injustificados”, enfatizó la entidad.
Por otro lado, los informes recientes sobre la evolución de los precios reflejan un comportamiento preocupante. El rubro de Alimentos y Bebidas no alcohólicas ya acumula un incremento promedio del 2,5% en lo que va de abril. Este aumento responde al nuevo panorama económico configurado tras la salida del cepo cambiario y la consecuente devaluación del peso argentino.
La consultora Labour, Capital & Growth (LCG) dio a conocer que en la tercera semana del mes se registró una suba del 0,8% en el precio de los alimentos, y atribuyó este fenómeno directamente a las recientes medidas del Ejecutivo. Según el relevamiento de la consultora, algunos productos específicos fueron los principales impulsores del aumento inflacionario: las carnes se destacaron como uno de los rubros que más presionaron los precios, seguidas por panificados y lácteos.
En cuanto a las cifras más recientes, los incrementos más notorios se observaron en carnes (8,1%); condimentos y productos varios del rubro alimenticio (5%); lácteos y huevos (4,6%); bebidas e infusiones para consumo hogareño (2,9%) y en productos dulces como azúcar, miel, mermeladas y cacao (1,5%).
Estas dinámicas ponen en tensión las estrategias del Gobierno para contener la inflación y moderar los comportamientos especulativos en un contexto económico marcado por cambios estructurales, como la liberalización del mercado de cambios y la retirada de controles de precios.